Ministro de Hacienda, Mario Marcel
ATON CHILE
"Es lo que nos ha tocado hacer, no nos quejamos y no es una imputación contra alguien", con esas declaraciones el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se defendió ante las críticas de un concierto de voces -entre ellos ex autoridades de Gobierno y parlamentarios- por la polémica que se generó tras sus dichos de que la Pensión Garantizada Universal (PGU) se habría legislado sin financiamiento para 2022.
Los reparos vinieron, por ejemplo, de parte de Cristina Torres, ex directora de Presupuestos durante el último tramo de la segunda administración de Sebastián Piñera. En una carta enviada a El Mercurio expresó que "señalar que no se contó con financiamiento, es desconocer la institucionalidad fiscal, los aportes del Consejo Fiscal que se tuvieron a la vista para hacer modificaciones a la propuesta y los propios Informes de Finanzas Públicas que explican la proyección de gasto comprendido en el mediano plazo".
Por su parte, el diputado
Guillermo Ramírez (UDI), sostuvo que "lo que dijo el ministro es muy grave", en conversación con Tele13 Radio, además de subrayar que "eso que dice el ministro que hicimos no se puede hacer, la ley y la Constitución lo impiden".
Frente a las críticas, primero el jefe de la billetera fiscal insistió en que "el contexto fue tratar de ilustrar el esfuerzo fiscal que tuvo que hacerse durante el 2022".
En ese sentido, argumentó que el año pasado "veníamos de un déficit fiscal muy grande de un aumento importante de la deuda pública (que se había llevado a 36% del producto), un déficit fiscal de 7,7% del producto del año 2021.
Y según afirmó, "era necesario hacer una consolidación fiscal que revirtiera esta situación y eso ocurrió durante el 2022".
En esa línea, el titular de Hacienda explicó que "en primer lugar cuando hablamos del año 2022 se trataba de que no había para ese año financiamiento tributario adicional que corría solo a contar del año 2023 y que incluso, desde este año en adelante, solo se financiaba más o menos 2/3 del total del costo de la PGU. Y por esa razón, cuando se presentó el Presupuesto público para el 2023, aproximadamente la mitad del espacio que había disponible para mayor gasto, fue a financiar el efecto de la PGU durante el año completo 2023".
Dicho eso, se defendió de las críticas y expresó; "esos son los datos, y es lo que nos ha tocado hacer, no nos quejamos y no es una imputación contra a alguien, sino que simplemente nos ayuda a entender la magnitud del esfuerzo fiscal que hubo que hacer en 2022 y 2023".
"Y por esa razón, cuando pensamos en incrementar la PGU a futuro que tiene un costo aún mayor. Porque aumentarla a $250 mil tiene un costo cercano a los US$2.500 millones anuales, es evidente que una vez que uno ha hecho todos estos esfuerzos por reasignar recursos además de gastos adicionales de esas magnitudes no pueden resolverse sin proveerle el adecuado financiamiento tributario permanente y por la totalidad de esos costos", complementó.
Reforma tributaria
Por otro lado, Marcel se refirió a sus palabras donde advirtió que de rechazarse la reforma tributaria nuevamente "significa un riesgo para el país de grandes magnitudes”. Sobre esto y las críticas de parlamentarios que tildaron estas declaraciones como una amenaza, el titular de Teatinos 120 dijo que "difícilmente podría ponerme yo a la cabeza de una movilización social".
"Creo que la experiencia nuestra muestra que cuando vemos un problema, cuando vemos algo que requiere una respuesta y no le damos esa respuesta, y simplemente nos mantenemos en lo que conocemos, lo que hicimos en el pasado, creo que el riesgo que corre el país es un riesgo muy grande", reiteró.
Así, agregó que "creo que esa es la razón por la cual muchas personas manifiestan su voluntad de contribuir a la construcción de un pacto fiscal. Y por eso que le hemos dado a esto las características de un pacto fiscal".
