El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aceptó el requerimiento presentado en 2019 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), en el que lo acusó de abusar de su posición dominante en el marco de la licitación del seguro colectivo de desgravamen y su corretaje desarrollado el 2017.
En la sentencia, dictada el miércoles, indicó el TDLC que "la infracción no puede sino ser catalogada como gravemente lesiva a la competencia, en tanto consistió en un abuso respecto de una cartera de clientes hipotecarios cautivos, que no contaba con un poder de contrapeso alguno ante sus acciones".
Por esa razón condenó al banco a pagar una multa de .162 UTA, equivalente a $885,65 millones.
La investigación desarrollada por la FNE reveló que durante el proceso de licitación, Bci excluyó arbitrariamente la oferta de la aseguradora que contenía el menor precio, para declarar ganadora a una propuesta más costosa, que incluía a Bci Corredores de Seguros.
Según se pudo acreditar a lo largo del juicio, la entidad crediticia declaró "fuera de bases" a la oferta presentación por la aseguradora Rigel -con los servicios de corretaje de Burgos y Compañía Corredores de Seguros Limitada-, que ofrecía la prima más conveniente para los clientes de crédito hipotecario, lo que implicó beneficiario a la corredora filial del Banco Bci y, con ello, percibir durante dos años ingresos que no habría recibido de haber primado criterios competitivos.
El TDLC destacó en su sentencia que "la exclusión por parte de Bci de la oferta de Rigel (...) configura una conducta discriminatoria" ya que "Bci dio a Rigel un trato distinto a aquel otorgado a los demás oferentes, al haberle exigido un requisito formal (...) que no estaba establecido en las bases de la licitación”.
El Tribunal también calificó esta discriminación efectuada por Bci como "arbitraria", ya que no se basó "en una justificación racional", añadiendo que se configure también "el agravante de que el efecto de la discriminar fue privilegiar la oferta de una compañía de seguro que concurría a la licitación de 2017 con la corredora relacionada a Bci".
La conducta del banco generó un perjuicio a los deudores hipotecarios que formaban parte de la póliza colectiva de desgravamen, los que al finalizar el periodo de la licitación alcanzaban a 110.449 clientes. Durante los dos años de vigencia de la póliza, los clientes pagaron un sobreprecio cercano a los $3.378 millones por el seguro de desgravamen, según el fallo del TDLC.
El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, señaló que "como Fiscalía valoramos la decisión del Tribunal, que sanciona un abuso anticompetitivo ejecutado por Bci en perjuicio directo de sus clientes de créditos hipotecarios. Esta decisión pone en evidencia que el foco de la Fiscalía no solo radica en la colusión, sino también en la conducta de abuso de posición dominante sancionada por nuestra legislación".
Banco recurrirá a la Corte Suprema
Por su parte, BCI anunció que a la Corte Suprema en el convencimiento de que "actuó de buena fe y en forma ajustada a derecho", y que el tribunal no demostrado argumentos y pruebas relevantes presentadas por el banco.
"Justamente, velando por el mejor interés de los clientes, el banco debe asegurar que quien se adjudique una licitación cumpla con todos los requisitos considerados en las bases. En consecuencia, en este caso se adjudicó la licitación a quien, cumpliendo con todos ellos, presentó la oferta más económica", indicó un comunicado oficial.
