La situación para la industria de las isapres es crítica. A más tardar en enero, las aseguradoras privadas de salud deberán implementar el fallo de la Corte Suprema por primas GES, que anuló las alzas aplicadas desde octubre del año pasado y que mandata, por tanto, volver a los precios del periodo anterior 2019-2022.
La aplicación de la resolución, se calcula, podría reducir hasta en un 12% los ingresos de las prestadoras, los que se suman a los montos que deberán restituir por cobros en exceso.
Y es que si bien el Gobierno y las autoridades trabajan para buscar una solución, de no haberla, la merma podría hacer caer en insolvencia o derechamente quiebra a algunas de las isapres. Esto, explican expertos, implicaría una reducción en el número de actores en la industria y, con ello, una serie de consecuencias para los usuarios. Lo anterior, debido a que algunas de las aseguradoras se encuentran con estados financieros más sólidos, mientras que otras están en la cuerda floja.
Según señala Héctor Sánchez, ex superintendente de Salud y director del instituto de Salud Pública de la UNAB, si no se resuelve el problema, "lo más probable es que algunas isapres caigan en insolvencia antes que otras".
Esto podría traer como consecuencia, dice, que las aseguradoras restantes evalúen una estrategia para afiliar masivamente a aquellas personas "más jóvenes, más sanas y que, en definitiva, tengan más ingresos. Con lo cual se hace lo que se llama el descreme de la cartera".
Así, agrega "dejan a todas aquellas personas que tienen mayor edad, que son los más siniestrosos, que son los que tienene más problemas, que no van a tener solución".
Sánchez dice que se trata de una situación "súper compleja, porque es volver a lo que eran las isapres hace 20 años, cuando hacían una selección de cartera muy estricta".
Una opinión similar tiene el también ex superintendente de Salud, Patricio Fernández. El abogado explica que de entrar en insolvencia algunas de las aseguradoras, "se produciría una concentración del mercado en dos o tres isapres máximo, lo cual es absolutamente desfavorable en todo tipo de mercado, porque la idea de que exista mayor competencia significa para las personas mayor diversidad, mayores posibilidades de tener precios distintos".
Fernandez aclara, en relación a la posibilidad de que los usuarios con mayor edad o más probabilidad de siniestralidad queden fuera del sistema, que "si la isapre que cae en insolvencia termina por cancelación de registro, ahí no puede haber discriminación para la isapre que quiera hacerse cargo de esa cartera".
"Pero si la situación de insolvencia se produce, por ejemplo, en los dos meses siguientes -continúa- y esas personas aún tienen la posibilidad de cambiarse, es decir, antes de la cancelación de registro, ahí la isapres van a preferir a las personas sanas".
Con respecto a una eventual alza de precios, de caer algunas isapres en insolvencia, el ex superintendente señala que eso no se dará necesariamente. Así, explica que "no es tan automático, pero es un riesgo".
