El reloj corre y el sistema de salud se inclina cada vez más hacia un profundo abismo. El domingo las isapres modificaron la tarifa Ges -lo que se verá reflejado desde enero en el precio de los planes-, con el objetivo de cumplir el fallo de la Corte Suprema que ordenó anular el alza en esos contratos. Las consecuencias de esto -advirtieron desde la industria- será una caída del 12% en los ingresos mensuales del sistema, lo que podría llevar a varias aseguradoras a la insolvencia o, incluso, a la quiebra.
Pero la resolución por GES no es el único obstáculo que enfrentan las isapres. Hay también una sentencia por tabla de factores, que las mandató a realizar devoluciones masivas y cuya aplicación comenzaría en mayo.
Las autoridades siempre han sido enfáticas en señalar que los fallos de la justicia se deben cumplir. Es por eso que las soluciones que han planteado para que el sistema no colapse han avanzado hacia el horizonte de hacer modificaciones legales que permitan que las sentencias se ejecuten sin que las finanzas de las aseguradoras se desmoronen. Pero ha sido el debate acerca de los mecanismos el que ha entrampado la discusión.
Con todo, los días pasan y no hay plazo que no se cumpla. El 31 de diciembre las isapres deben entregar a la superintendencia de Salud su balances contables, los cuales deberán tener en cuenta la deuda por los meses que se postergó el fallo de la Corte Suprema relacionado a las primas GES (desde agosto 2023). De incluirse esos montos en los documentos a presentar, algunas de las aseguradoras podrían caer en default, por no cumplir con alguno de los indicadores.
A esto se suma una consecuencia que ya ha comenzado a afectar a los usuarios: el cierre de centros médicos y la cancelación de convenios.
El desabrido sabor de una semana clave
Quienes llevan adelante la discusión en torno a la crisis de las isapres coinciden en algo: lo más urgente es abordar el fallo de la Corte relacionado a las primas GES. Es esta la sentencia que embestiría las finanzas del sistema en el corto plazo. Esta semana, se supone, deberían haber habido avances. Sin embargo, los últimos días dejaron un desabrido sabor.
El Gobierno quiso tomar la iniciativa e ingresó el lunes una propuesta que busca compensar el efecto que tendría la caída de ingresos de las aseguradoras a través del adelanto del alza anual de precios de los planes de salud. La medida, sin embargo, no fue recibida con bombos y platillos. Ocurrió, más bien, lo contrario.
Desde la oposición el Senador Francisco Chahuán, miembro de la comisión de Salud, tildó la iniciativa de "insuficiente". Mientras en la industria señalaron que el incremento promedio que podrían aplicar las isapres es de 2,8%, es decir, una cifra que está muy por debajo de la caída de 12% de los ingresos por fallo GES.
Pero también hubo críticas desde el oficialismo. Y es que el Ejecutivo decidió ingresar su propuesta de adelanto del Índice de Costos de Salud (ICSA) en el proyecto de reajuste general de remuneraciones a los trabajadores del sector público. Esto, con el objetivo de apurar su aprobación.
Las filas pro Gobierno se mostraron contrarias. De hecho fue la misma diputada Gael Yeomans (CS), una de las más cercanas al Ejecutivo y militante del partido del presidente Boric quien salió a cuestionar la decisión.
"La discusión debe darse con todos los elementos sobre la mesa, no podemos tener una votación a ciegas, somos responsables con nuestro voto", aseveró la parlamentaria.
Si bien el adelanto del Índice de Costos de Salud (ICSA) es una de las opciones que se bajaran para enfrentar la crisis, la opinión que predomina -y que fue planteada a la ministra de Salud- es que se trata de una medida que contribuirá poco.
Es por esto que también se han puesto otras alternativas sobre la mesa, como la emisión de una circular por parte de la superintendencia de Salud para que las isapres queden excentas de presentar la deuda por fallo GES en sus balances del 31 de diciembre, o un eventual aumento de capital por parte de los dueños de las isapres.
Esta iniciativa se comenzó a discutir después de que el superintendente de Salud, Víctor Torres sugiriera la idea en una entrevista televisiva. Pero de inmediato asomaron las críticas. ¿Quién haría un aumento de capital en un escenario de incertidumbre?, se preguntaron algunos.
Esta semana, de hecho, la autoridad aludió a un eventual aumento de capital de algunas aseguradoras. Sin embargo, con el correr de las horas la situación se aclaró y la compañía en cuestión descartó haber tomado dicha decisión.
Lento avance en ley corta
Una de las instancias que concentró la expectación de la industria y las autoridades esta semana fue el comienzo de la votación de la ley corta de isapres en la comisión de Salud del Senado. El proyecto tiene como objetivo darle viabilidad al fallo de la Corte Suprema por tabla de factores, cuya aplicación comenzaría en mayo.
A pesar de algunos desacuerdos en temas claves, los integrantes de la Comisión aprobaron por unanimidad que el umbral del precio del plan de isapres sea, como mínimo, de 7%. Esta medida se encontraba en las indicaciones que el Gobierno ingresó hace algunas semanas y estaba incluida entre las propuestas que había sido recomendada por el comité técnico en el informe que elaboró para la Comisión de Salud.
En concreto, la norma establece que todos los afiliados a isapres tendrán la obligación de aportar el 7% de las remuneraciones imponibles. Por lo cual, quienes cuenten con un plan en el que su aporte sea inferior al 7% -cerca del 27% de los afiliados- tendrán que alcanzar ese umbral, pudiendo optar por mayores beneficios por parte de la isapre.
De todos modos, no es esa la normativa que genera controversia. El comité técnico convocado por la Comisión de Salud para elaborar propuestas en la materia propuso incluir el concepto de mutualización, que alude a la existencia de subsidios cruzados, es decir, un mecanismo de riesgo que compensa a quienes son más riesgosos con quienes son menos riesgosos.
El Gobierno había descartado ingresar propuestas en esa línea, lo que le había valido críticas, sobre todo, desde la oposición y la industria. Y esta semana ratificó su decisión.
Fue la propia ministra de Salud, de hecho, quien comunicó la posición del Ejecutivo. "No hay consenso de que (con la mutualización) efectivamente se cumpla con la sentencia de la Corte, dado que la forma en que está redactada la sentencia habla de contrato a contrato y no da espacio para la mutualización", señaló a T13 radio.
La mutualización -agregó- "para el Gobierno no da cumplimiento a la sentencia".
Cabe destacar que el monto a devolver por parte de las aseguradoras, de incluirse el concepto de mutualización, asciende a US$451 millones. El Gobierno, al no acogerlo, calcula una cifra de alrededor de US$1.000 millones.
Las advertencias de funcionarios de la Salud
Los últimos meses han estado cargados de declaraciones de ex autoridades, clínicas, centros de salud y profesionales advirtiendo acerca de la necesidad de encausar la crisis hacia una solución que entregue certidumbres.
La última declaración -que apareció esta semana- la firmaron en conjunto el Colegio Médico, las clínicas y la Federación Médica de Chile. En su misiva advirtieron que "la insolvencia del sistema asegurador privado es real" y que "el colapso de una o más aseguradoras en un futuro cercano puede tener un efecto gravísimo y en cadena para pacientes, médicos y médicas y prestadores de salud".
En medio del desborde de la situación, además, hicieron un llamado al Ejecutivo. "Pedimos al Presidente de la República que lidere una mesa de trabajo, que incluya a las Isapres, a los representantes de los afiliados, las clínicas privadas, el Ministerio y Superintendencia de Salud, Fonasa, al Parlamento y al Colegio Médico, que sea capaz de generar las mejoras al sistema para que se cumplan los fallos judiciales y se pueda dar sostenibilidad", sostuvieron.
El emplazamiento de las instituciones da cuenta de la urgencia con la cual, creen, hay que abordar la crisis. Y es que el reloj sigue corriendo y las isapres y los usuarios esperan saber qué ocurrirá con ellos a partir del próximo año.
