Fue el propio Servicio de Impuestos Internos (SII) que aseguró que, bajo los antecedentes que manejan, se trata del fraude del fisco "más grande de la historia" en Chile, midiendo así, la magnitud del caso.
Este se destapó el viernes, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a 55 personas imputadas por asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos por un total de $240 mil millones.
Del todos los capturados, a 28 de ellos se les amplió su detención, mientras que los otros 27 restantes quedaron apercibidos, por lo que deberán volver el próximo lunes a las 8.30 horas al Primer Juzgado de Garantía de Santiago para su formalización.
El operativo encabezado por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brilac) consistió en el allanamiento de 83 domicilios en todo el país.
Así, los funcionarios de la PDI acudieron simultáneamente a domicilios en diez regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.
En los operativos se incautaron más de $14 millones en efectivo, 15 mil dólares, 22 vehículos, otros 343 vehículos con prohibición de enajenar, diversos inmuebles y más de 400 cuentas bancarias.
La querella del SII
De acuerdo con los antecedentes del caso, los detenidos formaban siete estructuras que operaban en todo el país y que habría emitido más de 100 mil facturas falsas. Aduanas y el SII presentaron las querellas que dieron origen a la indagatoria.
Al respecto, Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del SII, sostuvo este viernes que "desde el 2016 se comenzó a detectar una serie de situaciones muy irregulares de defraudación en el ámbito tributario vinculado con una serie de empresas vinculadas y que significaron interponer nueve querellas".
Seguido de ello, el subdirector jurídico aseguró que que existió una masiva creación de empresas "con el solo hecho de defraudar al fisco con facturas falsas, utilizadas por una serie de contribuyentes para pagar menos impuestos".
Freyhoffer, además, expuso que no hay empresas de mayor tamaño involucradas. "Son empresas medianas", aseguró.
En cuanto a la magnitud de este fraude al fisco, afirmó que, bajo los antecedentes que se manejan, sería "el más grande de la historia" del país.
Con todo, este caso desató una serie de reacciones desde el mundo privado y también desde la esfera política.
Reacción del Gobierno
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó al mundo empresarial y político a "reconocer la realidad" de la evasión tributaria de las empresas en el país.
"Estas personas formaron empresas en distintas partes del país con el solo objeto de emitir facturas fraudulentas", comenzó señalando el jefe de las finanzas públicas. "Cerca de 3.300 empresas participaron de este mecanismo"
Según Marcel, la magnitud de lo defraudado equivale a la construcción de 25 centros de salud familiar, a tres hospitales de alta complejidad y más de 15 liceos. "Esto nos da una idea de la magnitud del abuso cometido por esas personas", dijo.
A su vez, también aprovechó de hacer un llamado por el pacto fiscal que impulsa el Gobierno.
"La magnitud de lo defraudado equivale a la construcción de 25 centros de salud familiar, a tres hospitales de alta complejidad y más de 15 liceos"
Mario Marcel, ministro de Hacienda
"Se han propuesto una serie de medidas destinadas a elevar el cumplimiento tributario y luchar contra la evasión de impuestos. Estos incluyen entre otras cosas la figura del denunciante anónimo, de la colaboración eficaz y el aumento de las penas, entre otras cosas, para la emisión de facturas falsas"
A su vez, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo dijo que "este golpe a la delincuencia de cuello y corbata es otra muestra concreta de que nuestro país avanza".
"Son más $240 mil millones que le habrían estado robando al Fisco, es decir, a todos los chilenos y chilenas. Se trataría del fraude más grande de nuestra historia", complementó.
CPC y Sofofa: "No son empresarios, son delincuentes"
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, fue tajante y salió a condenar este caso.
"Quienes cometieron este millonario fraude tributario no son empresarios, sino un grupo de más de 50 delincuentes que forman parte de una asociación ilícita propia del crimen organizado"
Ricardo Mewes, presidente de la CPC
"Es fundamental señalar categóricamente que quienes cometieron este millonario fraude tributario no son empresarios, sino un grupo de más de 50 delincuentes que forman parte de una asociación ilícita propia del crimen organizado", subrayó Mewes.
El líder gran empresariado añadió que "el Servicio de Impuestos Internos explicó que estas personas crearon organizaciones que no desarrollan actividades reales y tienen el único objetivo de defraudar al fisco. A eso no se le puede llamar empresas".
A su vez, desde la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) también condenaron el hecho y fueron enfáticos en señalar que "los presuntos autores de estos delitos no pueden calificarse como empresarios".
"Los presuntos autores de estos delitos no pueden calificarse como empresarios"
SOFOFA
"Tener un rut para delinquir no es lo mismo que ser empresario. Los empresarios son los que crean valor, aportan con sus impuestos y trabajan duro por hacer de Chile un mejor país", afirmaron en una declaración pública.
La reacción del gremio pyme
Las empresas de menor tamaño se sumaron a las condenas frente al megafraude tributario.
Héctor Sandoval, presidente de Conapyme dijo a Emol que "es un tema súper complejo porque en Chile tendemos a generalizar todo y cuando dicen que son empresarios, son los grandes empresarios y también las pymes quienes salimos afectados. Por lo tanto, si se trata de un acto delictual, sin duda son delincuentes y aquí tiene que caer el máximo rigor de la ley".
"Nos pueden estar enlodando a todos los emprendedores y los que queremos hacer grande el país por gente que tiene malos hábitos"
Héctor Sandoval, presidente de Conapyme
Por eso, el líder gremial enfatizó en que "
no nos pueden estar enlodando a todos los emprendedores y los que queremos hacer grande el país por gente que tiene malos hábitos, además, no se trata de un pequeño error, se trata de un fraude debidamente creado y llevado adelante por mucho tiempo".
En esa misma línea, Jorge Welch presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) comentó a Emol que "el que delinque debe irse preso. Simple".
"Esto es también un llamado a reflexionar en porque ocurren estos delitos, y si la estructura 'alambicada' de nuestro sistema tributario genera espacios para estas 'avivadas'. Mientras más simple y parejo, más fácil que no ocurran estas cosas"
Jorge Welch presidente de Asech
Asimismo, deslizó críticas hacia el sistema tributario. "Esto es también un llamado a reflexionar en porque ocurren estos delitos, y si la estructura 'alambicada' de nuestro sistema tributario genera espacios para estas 'avivadas'
. Mientras más simple y parejo, más fácil que no ocurran estas cosas".
Por último, en una declaración, la Multigremial Nacional manifestó que el caso "reviste extrema gravedad al evidenciar actos ilegales que involucran a empresarios de medianas empresas".
"Como gremios, lamentamos que se dañe la fe pública y que un pequeño grupo de empresarios generen desconfianza y ensucien el nombre del sector privado a pesar del gran aporte que este genera al país", añadió.
Medidas del Congreso
Diputados de la bancada PPD-Independientes solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, que se cree una comisión especial investigadora para recabar los antecedentes relativos al llamado megafraude tributario.
Los parlamentarios solicitan que en la instancia investigadora se puedan exponer antecedentes relativos a determinados actos del Gobierno, realizados por los ministerios de Hacienda, del Servicio Nacional de Aduanas, del SII, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), entre otras, "en relación con la correcta fiscalización y debido control en el marco de sus competencias relacionadas con la denominada 'Operación Tributos' durante los últimos 10 años".
Lo anterior, para "verificar el cumplimiento de la ley y el correcto ejercicio de las atribuciones y funciones legales de los Servicios señalados, respecto de los actos y declaraciones realizadas por los imputados en el denominado mayor fraude tributario de la historia de Chile".
