Los gremios empresariales, liderados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Sofofa, en colaboración con las demás ramas asociadas -CNC, SNA, CChC, Sonami y Abif-, elaboraron una propuesta fiscal alternativa al pacto que presentó el Ejecutivo.
La iniciativa, que fue recogida por El Mercurio, apunta, entre otras cosas, a reducir el impuesto corporativo al 23%, sumado a una tasa marginal combinada máxima a las rentas del capital de 35%, desde el 44,45% actual.
Fundamentos y ejes de la propuesta
En cuanto a la brecha tributaria en recaudación, se avanza en el ejercicio de hacer las cifras comparables. En ese sentido, se explica que solo el ajuste por cotizaciones previsionales reduce la brecha con el promedio de la OCDE de 9% a 4,4% del PIB. Asimismo, al sumarle el royalty minero, la diferencia queda cercdana al 3% y si además se ajusta por nivel de desarrollo, la brecha es menor a 2% y, a juicio de los gremios, prácticamente podría cerrarse con la reducción de la evasión.
El documento explica también que en tasas corporativas Chile estaría en un rango superior a la OCDE (27% versus versus 23,5% promedio en la OCDE). Adicional al impuesto de primera categoría, se señala también que, al tratarse de un sistema tributario semiintegrado, para los grandes contribuyenes de las utilidades, cuando estas rentas llegan a los inversionistas o accionistas, el impuesto total es de un 44,45%. Para un inversionistas extranjero, dependiendo de su residencia, el tributo final llega al 35%.
En relación al impuesto a la renta de las personas, la base de contribuyentes -señala el documento- es baja y presenta una brecha importante respecto a la OCDE. El informe detalla que el bajo nivel de recaudación en esta vía se debe a las bajas tasas marginales y el amplio tramo exento.
Es por esto que el documento concluye que las brechas tributarias con la OCDE están principalmente en la tasa del impuesto corporativo, que sería demasiado alta, y la base imponible del impuesto a la renta de las personas, que sería muy baja.
"Lo anterior -dicen los gremios- no justificaría una reforma tributaria para aumentar los impuestos a las rentas personales en los tramos de altos ingresos".
Con los antecedentes mencionados en cuenta, los gremios empresariales plantean converger a tasas impositivas al capital más competitivas, reduciendo el impuesto de primera categoría del 27% actual al 23%. Es decir, casi en el promedio del impuesto corporativo en los países OCDE. Esto, además, sumado a una tasa marginal combinada máxima de capital de 35%.
Cabe destacar que la propuesta que presentó el Gobierno es más conservadora en este ámbito, pues propone una reducción de 27% a 25%.
Los gremios empresariales reconocen que la propuesta no es fiscalmente neutra, pues la rebaja del impuesto de primera categoría en 4 puntos porcentuales implica un 0,3% del PIB adicional a lo propuesto por el Gobierno. Sin embargo, indican que es posible avanzar en "esquemas mitigadores".
Así, señalan que se puede recaudar anticipadamente por la vía de gravar los dividendos o retiros de utilidades, generando que todos estos pagos sean 100% créditos para efectos del impuesto máximo del 35%.
Entre las otras medidas que proponen desde el gremio, destacan la reducción de los tiempos de tramitación de proyectos para lac obtención de una RCA identificando causas de suspensión de la evaluación, aplicación gradual de guías, instructivos y criterios (sin retroactividad) y generar indicadores de desempeño y de cumplimiento, y ordenar las competencias del SEA.
La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, indicó al respecto que "este documento prpone medidas concretas para salir del estancamiento y la inercia en que estamos desde hace 10 años. y así volver a recuperar la inversión, el crecimiento y el empleo, que son la base para que las personas puedan soñar y progresar".
En cuanto al pilar de cumplimiento tributario, los gremios relevan la importancia de reducir la informalidad y atacar con fuerza la evasión, ya que afectan fuertemente la recaudación tributaria y, con ello, los recursos fiscales para la provisión de derechos sociales y otras prestaciones del Estado.
El documento señala que la evasión se combate con medidas como la simplificación de trámites y reducción de costos de formalización, el aumento de la fiscalización, la promoción de los beneficios de la formalidad, el impulso a la educación y capacitación, la bancarización de las transacciones comerciales, y una mayor fiscalización y control.
