La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, acogió la semana pasada la propuesta de la bancada compuesta por legisladores independientes y del Partido por la Democracia (PPD) relacionada a reducir las tablas de mortalidad en la reforma de pensiones. Esto, con el objetivo de conscitar apoyos que le permitan destrabar el proyecto, que hoy vivirá una jornada clave de votaciones en la Sala de la Cámara de Diputados.
La reducción de las tablas de mortalidad vendría acompañada de una medida complementaria: un seguro de longevidad, cuyo diseño aún está siendo evaluado por el Gobierno y que tiene como objetivo otorgar recursos a aquellos jubilados que sobrepasen el umbral determinado por las tablas. El problema -dicen los expertos- es el elevado costo que tendría esta medida, por lo mismo, antes de presentar una indicación, el Ejecutivo solicitará a la OCDE una opinión técnica.
La reducción de las tablas y el rol del seguro
"Las pensiones se calculan proyectando que las personas vivirán 110 años", es una de las frases que se repite cada vez que se debate en torno a las tablas de mortalidad. El enunciado no es del todo correcto, pues carece de una serie de elementos importantes que sirven para comprender de manera más completa cómo funciona la modalidad para el cálculo de la previsión.
Y es que para entender para qué se usan las tablas de mortalidad en Chile y los posibles efectos de su recorte, hay que diferenciar entre las dos opciones que tiene la gente al momento de jubilar después de haber cotizado en el sistema AFP: pensionarse a través de la modalidad de las rentas vitalicias o del retiro programado.
Quienes en su retiro optan por la primera opción reciben durante el resto de su vida un monto fijo reajustado en UF. Esto, a cambio de transferir sus ahorros a una compañía aseguradora, para que la utilice en la modalidad en la que funcionan los seguros, cuyo principio determina, en este caso, que quienes viven menos subsidian a quienes viven más.
En la otra modalidad se encuentran quienes cuentan con el retiro programado. En estos casos los fondos se mantienen en la cuenta de la AFP y se van retirando en cuotas mensuales que la administradora va recalculando anualmente, con el objetivo de que el ahorro, junto con sus intereses, alcancen por el resto de la vida del cotizante.
Las tablas de mortalidad se usan solo para quienes se encuentran en la segunda modalidad. Y el monto de la pensión -utilizando dicha herramienta- se determina distribuyendo el ahorro del cotizante a través del número de años por vivir que le quedan durante su jubilación, asumiendo que vivirá hasta la expectativa de vida calculada.
Esta última -la expectativa de vida- corresponde al número de años promedio que viven las personas tras jubilarse. Esto quiere decir que si de 10 personas que se jubilaron 5 viven hasta los 80 y otros 5 hasta los 100, la expectativa de vida es de 90 años.
En el cálculo, por supuesto, también se encuentra la probabilidad de llegar a los 110 años. Sin embargo, la probabilidad es tan baja (casi 0%), que su incidencia en el cálculo es también mínima.
En síntesis, las tablas de mortalidad no distribuyen la pensión considerando que se vivirá hasta los 110 años, sino que incluyen esa probabilidad en sus cálculos de la expectativa de vida.
Teniendo eso en cuenta, al bajar las tablas de mortalidad -si es que se bajan mucho, y nos hasta los 100 años- podría aumentar la cantidad de jubilados que vivan por sobre el promedio calculado. Y es ahí donde entraría el seguro de longevidad, como un mecanismo para seguir contribuyendo con una pensión.
Las dudas en torno al seguro
El Gobierno aún no ha detallado cuál es el mecanismo que considerará para este seguro. Es más, durante esta semana, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes señaló en Radio ADN que, en estricto rigor, "no es un seguro. Es una forma alternativa de jublicación. Un retiro programado colectivo, que utiliza la mecánica de seguro en la parte final de la vida, para aquellos que sobrepasen un límite de una tabla de mortalidad que se establezca".
Como sea, la propuesta ya genera algunas dudas, sobre todo en relación al financiamiento.
Según explica Karol Fernández, académica de la Facultad de Economía y Gobierno USS, "diferentes estudios muestran que este seguro costaría en torno a 2 puntos porcentuales de cotización extra para quienes inicien su vida laboral".
En esa línea, destaca también que "lo que aún no es claro es el costo de la transición, es decir, ofrecer el seguro a personas que por estar muy próximas a jubilar -o jubilados- no alcanzarían a cotizar por este seguro, tampoco es claro quién asumiría ese costo de transición".
Desde Demócratas, colectividad que viene solicitando la reducción de las tablas de mortalidad y la implementación de un seguro de longevidad hace un buen tiempo, tienen un cálculo similar respecto a la magnitud del costo de esta medida, pues en su propuesta sugieren que el 6% de cotización extra que contempla la reforma, 4,2% vaya a capitalización individual y el 1,8% restante sea para financiar el seguro de longevidad, lo que implicaría olvidar la idea de destinar recursos a un "seguro social" -o reparto- que impulsa el Gobierno.
Tomás Flores, economistas de Libertad y Desarrollo, por su parte, recalca que "el trámite legislativo llevaría a que la tabla de mortalidad sea truncada cerca de los 80 años, por debajo de las expectativas de vida actuales, ya que ello incrementa las pensiones, pero a un costo de más de 3 puntos de cotización".
Esto -agrega- "implica que más de la mitad de los 6 puntos en discusión serían usados en este seguro, lo que realza la importancia de saber los costos y beneficios de una política pública antes de embarcarse en ella, a cambio de un puñado de votos".
El economista complementa señalando, además, que "evidentemente la pensión obtenida es mayor que la actual, debido a que la expectativa de vida fue truncada a los 80 años. Ahora bien, en el evento que sigas vivo después de los ochenta años, ya te gastaste todos los ahorros y por tanto la pensión post 80 años proviene del seguro de longevidad. La pregunta que aparece es ¿Cuánto costaría ese seguro?".
Para Sebastián Cea, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Ande, el problema más importante sigue siendo otro.
"Me parece que el gran problema en previsión social sigue siendo la formalidad del empleo, su calidad y, en particular, el monto de las remuneraciones", explica.
En relación a lo que costaría una propuesta como la del seguro de longevidad indica que "no es un problema de si es caro o no, sino de la ganancia de eficiencia que se pueda lograr implementando un sistema de ese tipo. Si no hay ganancia de eficiencia, no hace sentido hacer un cambio. La discusión se debe centrar en eso".
