El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Juan Armando Vicuña, abrió los fuegos en el Encuentro Anual del gremio y pidió "prioridad presidencial" a 21 proyectos que buscan impulsar desde el gremio.
Dentro de las medidas que abarcan varias regiones del país, Vicuña en su alocución instó al Presidente Gabriel Boric a que "los evalúe, y que luego los declare 'prioridad Presidencial'" y que "trabajemos juntos para concretarlos".
"No será fácil. La economía del país lleva más de una década estancada. Y una de las razones es la creciente dificultad para materializar inversiones. Como constructores también lo vivimos en el día a día, en particular con aquellos proyectos cuyo mandante ha sido el propio Estado, agregó el líder de la CChC.
En ese sentido, Vicuña manifestó que los proyectos de infraestructura pública "
tienen falencias que aumentan la conflictividad durante su ejecución, elevan sus costos y, sobre todo, perjudican a las personas y las comunidades al retrasar su entrega".
En ese sentido, enfatizó en que "trabajar con organismos públicos debería ser garantía de una buena relación contractual. Pero, en la práctica, ello no ocurre. Y uno de sus efectos es la creciente pérdida de interés de las empresas por ejecutar obras para el Estado".
Según explicó Vicuña, diversos estudios "demuestran que la mala calidad de los proyectos se traduce en excesivas modificaciones en su etapa de construcción, provocando conflictos entre mandantes y contratistas, sin que existan vías adecuadas para resolverlos".
Por eso, propuso – y en línea con lo recomendado por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad– que se modifique el "obsoleto" reglamento para contratos de Obras Públicas, "el DS 75", incorporando mecanismos de resolución temprana de controversias a los proyectos.
Asimismo, subrayó que "si bien 'trabajo terminado' debería ser '¡Trabajo pagado!', es común que los mandantes públicos retrasen injustificadamente la recepción de estados de pago como una medida para no aparecer incumpliendo la ley de pago a 30 días".
Con todo, Vicuña detalló que eso "una práctica inaceptable y que debe terminar".
"Si tuviéramos relacionales contractuales modernas, justas y equilibradas, no estaríamos lamentando tanta quiebra de empresas, pérdida de puestos de trabajo, paralizaciones de obras, costosas relicitaciones y que muchos ciudadanos vean postergada la posibilidad de mejorar su calidad de vida", expresó.
Los proyectos prioritarios para la CChC
Vicuña detalló cuáles eran los proyectos que hay que "¡concretar ya!" y hay que darle "prioridad".
En primer lugar, sostuvo que hay que "aprovechar" que hoy existen 120 mil viviendas terminadas o por terminar en todo el país "para dar una respuesta a familias que llevan años esforzándose por obtener una casa propia".
Luego, instó a corregir "el negativo impacto" que provocó la aplicación de IVA a la compraventa de viviendas y que "se tradujo en un aumento de más de 13% en su precio".
También llamó a crear un mecanismo que "compense directamente a las familias por la eliminación del Crédito Especial para Empresas Constructoras". Asimismo, reponer "ciertos incentivos tributarios que tenían las viviendas del DFL-2, que favorecieron directamente a la clase media".
En tanto, consignó que "considerando que solo el año pasado los desastres naturales causaron 74 mil muertes a nivel mundial y que somos uno de los países más expuestos a este tipo de eventos en todo el planeta", propuso que "el futuro Consejo Asesor Presidencial en materia de infraestructura de largo plazo priorice la infraestructura resiliente".
"Esto pasa para que dicho Consejo tenga un rol resolutivo y sea independiente, para que no quede capturado por los gobiernos de turno", añadió.
Y también, dijo, "por cambiar el sistema de evaluación de proyectos, para que la incorporación de criterios de resiliencia no sea una barrera para estas obras, como ocurre hasta ahora".