A pesar de la promulgación de la Ley de Pago a 30 Días en 2020, un estudio reciente de la fintech chilena Duemint, especializada en gestión de cobranza, reveló que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mypymes) aún enfrentan dificultades por los retrasos en el pago de sus facturas, lo cual afecta su sostenibilidad financiera.
El informe, que analizó el comportamiento de pago de facturas en diversos tamaños de empresas durante 2023, pone en evidencia que las microempresas son las más perjudicadas, recibiendo sus pagos en un promedio de 41 días. En comparación, las pequeñas empresas reciben sus pagos en 39.6 días, las medianas en 38.2 días, y las grandes empresas en 47 días.
“Las microempresas tienen el triple de morosidad en comparación con las grandes empresas. Esto se debe a que las más grandes generalmente disponen de recursos internos, como equipos dedicados a la cobranza, suscripciones a plataformas como DICOM, o la capacidad financiera para contratar empresas de cobranza extrajudicial".
Félix Said, CRO y cofundador de Duemint
Los impactos del incumplimiento
En 2020, en Chile comenzó a regir la Ley de Pago a 30 Días, la cual fue diseñada para proteger a los sectores más vulnerables del ecosistema empresarial, garantizando pagos oportunos y mejorando la estabilidad financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, los hallazgos del sondeo Duemint indican que el incumplimiento de la normativa está afectando negativamente a las empresas de menor tamaño.
Por su parte, Vicente Cruz, CEO de Sheriff, - plataforma que permite evaluar y monitorear pagadores en tiempo real, 24/7, generando alarmas y notificaciones personalizadas- opina que la norma fue una medida necesaria y bien intencionada para mejorar la liquidez y estabilidad financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas. No obstante, los resultados indican que su impacto no ha sido tan significativo como se esperaba. Además, señaló que el efecto ha sido limitado, ya que "siguen existiendo brechas por cerrar".
“La morosidad impacta gravemente la estabilidad financiera de las microempresas, limitando su flujo de caja y su capacidad de reinversión, innovación y expansión. Además, afecta su calificación crediticia, dificultando el acceso a financiamiento futuro”.
Vicente Cruz, CEO de Sheriff
De hecho, un informe sobre endeudamiento bancario realizado por Sheriff reveló que la morosidad mayor a 90 días aumentó de 1,37% en diciembre de 2021 a 2,40% en abril de 2024, la cifra más alta en 9 años. Asimismo, la cartera deteriorada alcanzó un récord histórico de 6,36% en abril de 2024.
Finalmente, las cifras del informe de Duemint indican que el 30% de las facturas de microempresas tienen más de 90 días de atraso, una cifra alarmante frente al 12,19% de las pequeñas empresas, el 10,07% de las medianas y el 13,35% de las grandes empresas. Este panorama deja en evidencia el desafío constante que enfrentan los negocios más pequeños para mantener su flujo de caja y cumplir con sus obligaciones financieras.
A pesar de que las grandes empresas poseen mayores recursos y poder de negociación, sorprendentemente, demoran más en recibir sus pagos. Said adjudicó este resultado a que las grandes empresas priorizan sus esfuerzos de cobranza en las facturas más importantes, dejando de lado aquellas de menor valor, a diferencia de las microempresas que no pueden permitirse estos retrasos.
¿Cómo abordar la problemática?
Según Ricardo Pablo, abogado del Departamento Legal Defontana, -software para gestionar los procesos de negocio centrales de una empresa- el Estado, como uno de los principales contratantes de bienes y servicios, debería dar el ejemplo al sector privado acortando los plazos de pago, que aún pueden ser de hasta 60 días según la ley. “Una buena política pública sería fomentar el pronto pago a micro, pequeñas y medianas empresas, en el menor plazo posible desde la entrega de bienes o servicios, en lugar de extenderse hasta el máximo permitido por la ley”, dijo el especialista.
Ante la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para asegurar el cumplimiento de la ley y mejorar la gestión de cobros, así como apoyar a las micro y pequeñas empresas, Vicente Cruz sugirió que se requieren regulaciones más estrictas y políticas públicas efectivas. Para el experto algunas de estas podrían ser:
Sanciones por incumplimiento:
Implementar sanciones claras y aplicables para empresas que no cumplan con la Ley de Pago a 30 días. Estas podrían incluir multas y restricciones en contratos futuros con el sector público para asegurar el cumplimiento.
Sistema de monitoreo y reporte:
Crear un sistema de monitoreo transparente donde las empresas reporten sus tiempos de pago. Un registro público y accesible de los tiempos de pago de las empresas permitiría a las Mipymes tomar decisiones informadas sobre con quién hacer negocios, fomentando la transparencia y la responsabilidad.
Incentivos fiscales:
Proveer incentivos fiscales para empresas que cumplen con los tiempos de pago establecidos. Estos podrían incluir deducciones fiscales y acceso a financiamiento preferencial, motivando a las empresas a adoptar prácticas de pago más responsables.
Programas de apoyo y capacitación:
Fomentar la colaboración entre el sector público y privado para desarrollar programas de apoyo y capacitación para Mipymes. Se podrían beneficiar de la formación en gestión financiera, asesoramiento sobre mejores prácticas de cobranza y el uso de tecnología para mejorar la eficiencia.
“Creemos que estas medidas no solo ayudarían a reducir los tiempos de pago, sino que también mejorarían la salud financiera general de las Mipymes, permitiéndoles crecer y prosperar en un entorno más justo y transparente. Toda la economía chilena se vería beneficiada por esto último”, finalizó Cruz.
