El paro ilegal de trabajadores del sector público que se llevó a cabo ayer descolocó al Gobierno. Es que la manifestación -convocada por la CUT y la ANEF- se realizó a apenas un día de que los representantes de los gremios se reúnan con los ministros de Hacienda, Mario Marcel y del Trabajo, Jeannette Jara, instancia que se concretará hoy.
La movilización se realizó a nivel nacional, con marchas y alteraciones en el funcionamiento de los servicios. Santiago fue una de las comunas en donde se notó con fuerza lo que ocurría, pues hubo alteración del tránsito en la Alameda y suspensión de la recolección de desechos domiciliarios, lo que generó una acumulación de alrededor de 580 toneladas de basura.
Los funcionarios en paro piden un reajuste de 3% real en sus remuneraciones, además de la defensa del empleo público, tras el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) que dejó en manos de los tribunales de justicia la aplicación del principio de confianza legítima en la renovación de las contratas.
Asimismo, los funcionarios buscan que el Ejecutivo envíe al parlamento el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas en el sector público.
Gobierno descolocado
Desde el Gobierno no comprendieron la movilización. Así, al menos, lo dejaron ver los ministros Marcel y Jara esta semana. "La convocatoria a un paro antes de sentarse a conversar no le encuentro mucho sentido, toda vez que estas conversaciones recién se van a empezar a producir", comentó la titular de Trabajo el miércoles, cuando se anunció el paro.
"Es difícil de entender", aseveró, en la misma línea, el ministro de Hacienda. "Uno puede entender que hay alguna movilización cuando fracasan las negociaciones. Desgraciadamente, en el sector público eso no está regulado, pero igual es como de sentido común que es en esas circunstancias en las cuales se pueden entender las movilizaciones de los trabajadores", agregó en conversación con Radio ADN.
Desde la CUT no dejaron pasar las declaraciones del Ejecutivo. "Nos llama la atención que una ministra (Jara) que fue dirigenta sindical no entienda la movilización, porque cuando hacemos llamados a movilizaciones sociales, es estar en la calle defendiendo los derechos", señaló el presidente de la entidad, David Acuña.
Agregó, asimismo, que "nosotros estamos haciendo algo que es legal para nosotros, poder movilizarnos. No tenemos que pedirles entendimiento ni permiso a los ministros para, como trabajadores, salir a la calle".
Desde la ANEF, en tanto, señalaron que "hemos sido firmes en rechazar el cambio en el principio de confianza legítima dictado por la contralora Dorothy Pérez, que pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de funcionarios públicos que están a contrata y que este 29 de noviembre vivirán una jornada de inseguridad absolutamente evitable".
La movilización de ayer comenzó a las 11 de la mañana y avanzó por la Alameda. Según cifras de la CUT en Santiago más de 30 mil personas participación de la manifestación. Mientras que a nivel nacional habrían sido cerca de 60 mil.
Desde el oficialismo, en tanto surgieron presiones hacia el Ejecutivo. Esto, porque un grupo de diputados del sector -liderados por Luis Cuello (PC)- ingresó un proyecto de ley que busca abordar la aplicación del principio de confianza legítima.
En concreto, la propuesta busca reducir a dos años el plazo para la renovación automática de las contratas, periodo que es menor a los cinco años que determinó la reciente jurisprudencia del máximo tribunal.
Por ahora, el Gobierno se abstenido de ir contra el último dictamen de la contralora Pérez y avanzar en alguna modificación legal.
