Un día después de su histórico triunfo,
Bernardo Arévalo ya piensa en cómo llevará a cabo su gobierno en
Guatemala. Su aplastante victoria el domingo sobre
Sandra Torres con el 58% de los votos lo convertirá en el primer presidente de tendencia más bien progresista en el país centroamericano, enarbolando las banderas de la lucha contra la corrupción.
Su llegada al balotaje había sido sorpresiva: nadie esperaba que llegara a esta contienda en la primera vuelta, pero ya en la segunda instancia su discurso fue captando cada día más adherentes, hasta llegar al triunfo. El panorama, no obstante, se le viene complejo, ya que tomará las riendas de un país golpeado por la pobreza, la corrupción y con gravísimos problemas de gobernabilidad.
Arévalo se enfrentará a
una democracia debilitada seriamente en los últimos ocho años, especialmente durante el Gobierno del actual presidente, el conservado
r Alejandro Giammattei, según el análisis de diversas organizaciones internacionales.
"Hay una visión generalizada entre la población de que no podemos seguir por el mismo camino", explicaba a EFE la politóloga Gabriela Carrera, directora del departamento de Acción Pública de la universidad privada Rafael Landívar, en la previa al balotaje.
"La realidad socioeconómica, la desigualdad, los bajos salarios y el notable aumento de un diez por ciento en los precios de la canasta básica en los últimos dos años" son, a juicio de esta analista, los principales problemas para el nuevo Gobierno, que se "conjugarán" además "con los desafíos socioculturales como la violencia y la migración".
El futuro mandatario necesitará además de "acciones rápidas para solucionar la demanda social" en un Estado donde existe una fuerte ingobernabilidad y las instituciones son muy débiles.
Pobreza y emigración
Bernardo Arévalo -líder del movimiento Semilla- tendrá que administrar un país donde 4,6 millones de 18 millones de habitantes padecen una crisis alimentaria, según un informe difundido el pasado mes de mayo por la organización internacional Oxfam.
Según Unicef, uno de cada dos niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica y el analfabetismo alcanza al 18,5%, según el Censo de 2018.
Asimismo,
la mitad de la población guatemalteca vive en condiciones de pobreza, y en las zonas rurales, nueve de cada diez familias carecen de servicios básicos y subsisten en condiciones precarias, de acuerdo con datos del Banco Mundial, en un país donde el salario mínimo urbano es de 427 dólares al mes, pero el 71% de los guatemaltecos se gana la vida en la informalidad.
La seguridad también es un problema. La tasa de homicidios es de 17,3 por cada 100.000 habitantes, según la ONU, casi el triple que el promedio mundial.
"El nuevo Gobierno no contará con recursos para poder mantener al pueblo de Guatemala. Son los migrantes que viven en el extranjero con sus divisas los que mantienen a las familias del país", cuenta a EFE Guillermo Quevedo, un ciudadano pensionado de setenta años.
La pobreza es uno de los principales motivos que obligan anualmente a unos 300.000 guatemaltecos a emigrar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, según estimaciones de la Cancillería del país centroamericano, que cifra en 2,8 los millones de compatriotas que viven en territorio estadounidense, solo medio millón en forma legal.
Es por ello que la banca central de Guatemala proyecta que en 2023 los connacionales asentados en Estados Unidos enviarán más de 19.400 millones de quetzales en remesas, lo que superaría por un 7,5 por ciento los 18.040 millones recibidos el año pasado.
Arévalo también recibirá un mermado sistema de salud, que no abarca todo el territorio.
"La salud pública quedó en muy mal estado después de la pandemia de covid-19, que mostró las carencias de la Administración del actual presidente, Alejandro Giammattei", explica la analista Carrera.
Corrupción e ingobernabilidad
Guatemala ha tenido nueve presidentes desde el regreso a la democracia en 1985, dos de ellos condenados por corrupción.
Alfonso Portillo (2000-2004) cumplió condena en Estados Unidos y Guatemala por lavado de dinero, mientras que Otto Pérez (2012-2015) renunció acusado de dirigir fraudes de aduanas y purga una condena de 16 años de cárcel.
Sin embargo, en 2019 la lucha contra la corrupción sufrió un retroceso con
el fin de la CICIG, un ente avalado por la ONU que investigó sonados escándalos desde 2007.
La actual fiscal general, Consuelo Porras, fue incluida por Estados Unidos en 2021 en una lista de actores "corruptos", junto con otros fiscales y jueces en ejercicio.
"En Guatemala se desestabiliza la democracia desde instituciones carcomidas por la corrupción. El hastío de la población se expresó en la primera vuelta electoral con una mayoría de votos nulos (17,4%)", dice a la AFP el rector de la Universidad para la Paz de Costa Rica, Francisco Rojas.
