La iniciativa legal -que ahora deberá ser promulgada por la Presidenta Bachelet- busca formalizar la industria del reciclaje en Chile, responsabilizando a los fabricantes y empresas de ciertos productos a organizar y financiar la recuperación y gestión de residuos, derivados de sus productos.
Así, los productores o importadores de determinados "productos prioritarios" deben hacerse cargo de sus bienes, una vez que estos terminan su vida útil. Para esto, la ley establece metas de recolección y valorización diferenciadas por producto.
Son seis los llamados "productos prioritarios": aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, envases y embalajes y neumáticos. Éstos, fueron seleccionados debido a su consumo masivo, de volumen significativo y factible de regularizar.
Estos productores o importadores de productos prioritarios deberán: registrarse en un catastro público de empresarios y/o fabricantes; organizar y financiar la recolección y tratamiento de productos recolectados a través de un sistema de gestión; asegurar que el tratamiento de esos residuos se realice por personas autorizadas; y cumplir las metas de recolección y de valorización de estos productos.
Por su parte, los consumidores de productos prioritarios están obligados a separar y entregar el residuo de un producto prioritario a un gestor de este producto, contratado por un sistema de gestión.
Con esto, además, el Ministerio del Medio Ambiente tendrá nuevas competencias para la gestión de residuos: certificación, rotulación y etiquetado, sistema de depósito y reembolso, ecodiseño, mecanismos de separación en origen y recolección selectiva, mecanismos para manejo ambientalmente racional de residuos y mecanismos para prevenir la generación de residuos.
Según explicó el ministro de la cartera, Pablo Badenier, esta nueva ley "traerá al país más empleos y emprendimientos verdes, información y ecoetiquedado para privilegiar los productos amigables con el medio ambiente. Actualmente en Chile se recicla sólo el 10% de los residuos, con esta ley, triplicaremos al menos nuestras tasas de reciclaje".
Quiénes participan en la ley
La medida involucra a los empresarios y fabricantes, a los consumidores de productos prioritarios y a los gestores de residuos de productos prioritarios, que son las empresas, los municipios y los recicladores de base.
Los dos últimos jugarán un rol clave en la recuperación de residuos. Los recicladores contarán con una definición especial que les reconocerá como gestores para la ley. Además se registrarán y certificarán en el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.
Desde los municipios se podrán celebrar convenios con sistemas de gestión y con recicladores de base. La ley les permitirá pronunciarse fundadamente sobre solicitudes de permiso para el establecimiento la instalación y/u operación de instalaciones de recepción y almacenamiento. Además, deberán incorporar en sus ordenanzas municipales la obligación de separar los residuos en origen, cuando así lo determina el Decreto Supremo.
También, promoverán la educación ambiental sobre prevención y valorización, diseñarán e implementarán estrategias de comunicación, sensibilización y medidas de prevención.
La Superintendencia del Medio Ambiente podrá fiscalizar y sancionar infracciones en esta materia, que incluyen multas y amonestaciones por escrito.
La ley de Fomento al Reciclaje cuenta con un presupuesto de 6 mil millones de pesos y generará un “Fondo de Reciclaje”, que permitirá desarrollar emprendimientos en esta materia.
"Esta ley permitirá que en Chile se cree una industria formal de reciclaje que permita incrementar nuestros índices en esta materia y lo transformen en una actividad económica relevante. Esto también ayudará a impulsar una cultura de separación de residuos por parte de la comunidad, incentivando su contribución a la cadena de reciclaje, y ayudará a implementar sistemas de etiquetado y ecodiseño que permitan una mayor recuperación" concluyó el ministro Pablo Badenier.
