SANTIAGO.- Déficit financiero, baja en la calidad y hasta que los planteles dejen de recibir alumnos con becas y créditos. Ésas son algunas de las consecuencias que anticipan los rectores de las universidades privadas, luego de conocerse que el proyecto de educación superior –que se enviaría este lunes al Congreso– pretende que el Estado regule los aranceles de todos los planteles que tengan alumnos con beneficios estatales, no sólo a aquéllos con gratuidad.
Esta medida afectaría a universidades privadas como la U. de Los Andes, U. Mayor y U. San Sebastián, que no se han sumado a la gratuidad, y cuyos aranceles están entre los más altos del sistema.
Los rectores de esos planteles advierten que si el Estado fija los aranceles que pueden cobrar sufrirán una merma en sus ingresos, lo que, en el corto plazo, impactaría en la calidad de sus proyectos.
"Somos una institución sin fines de lucro, por lo tanto, un cambio en los aranceles, como el que se propone, limita nuestra autonomía para llevar a cabo nuestro modelo educativo. Si el Estado quiere incrementar el aporte para los estudiantes de bajos ingresos, tiene que tener en cuenta los costos reales de la educación. En caso contrario, la reforma traerá consigo una disminución de la calidad, en vez de mejorarla", afirma José Antonio Guzmán, rector de la U. de Los Andes, donde el 20% de los alumnos tiene el CAE.
El rector va más allá y sostiene que "sin perjudicar el derecho de los más desfavorecidos, nuestro sistema universitario necesita seguir contando con recursos provenientes de las familias".
José Antonio Guzmán, rector U. de Los Andes:
"Nuestro sistema universitario necesita seguir contando con recursos provenientes de las familias"
En tanto, el rector de la U. San Sebastián, Hugo Lavados, afirma que "en la medida que el arancel regulado que se fije sea más bajo que lo que estamos recibiendo en este momento, todas vamos a tener una caída de ingresos. Eso significa que uno tiene que dejar de hacer algo y, en nuestro caso, que estamos gastando hasta el último peso en la universidad, en un plazo breve esto se traduce en una disminución de calidad".
Ante esto, llama a que al menos "el arancel esté fijado en niveles realistas, cosa que no ocurrió en 2016, pero ahora supongo que va a haber un estudio más fino".
La misma aprensión tiene el rector de la U. Mayor, Rubén Covarrubias, quien remarca que "fijar la tarifa de una universidad no es como fijar el precio del agua, es un proceso de alta complejidad, ya que cada universidad es distinta a otra".
Por eso cree que, con su decisión unilateral, "el Estado provocará un déficit gigantesco y un desfinanciamiento de las universidades, y lamentablemente es la calidad la que se verá afectada". "Nos vamos a tener que acostumbrar como país a no ver nunca más que nuestras universidades estén liderando los ranking internacionales en Latinoamérica", afirma.
El rector de la U. Bernardo O'Higgins y vocero de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), Claudio Ruff, agrega otro punto: "Hemos entendido, de lo que ha dicho la ministra, que las universidades ahora tienen que ser complejas, es decir, cumplir con la docencia, investigación y vinculación con el medio, y eso hace que tengan que incorporar personal más calificado, lo que va a impactar en los costos. Y frente a un arancel regulado, claramente se produce una colisión muy fuerte".
Por eso, a su juicio, "a las universidades que no tienen gratuidad debieran dejarlas flotar con un mayor margen de acción".
Ues podrían dejar de recibir alumnos con el CAE
Pero junto con afectar la calidad, el rector de la U. de Los Andes, José Antonio Guzmán, advierte que la fijación de aranceles también podría tener un efecto menos pensado: que las universidades privadas dejen de recibir alumnos que tengan becas o créditos fiscales. Esto ya que –según establecería el proyecto– el arancel será regulado sólo para los estudiantes que tengan beneficios, mientras que para el resto de los alumnos será libre.
"Puede ser que esta política consiga un efecto totalmente inverso al buscado por la autoridad, ya que algunas universidades no serán capaces de financiar sus presupuestos con esta baja de recursos y no tendrán otra alternativa que recibir menos estudiantes con becas y Crédito con Aval del Estado. La reforma debiera fomentar la integración, no la segregación", subraya.
En cambio, el rector de la U. San Sebastián no comparte esa hipótesis, pues afirma que "los estudiantes chilenos no han crecido en el último tiempo, por lo tanto, una universidad que quiera hacer eso tendría necesariamente que disminuir su tamaño".
A eso se suma que "las becas y el CAE son aprobados después de que el alumno se ha matriculado, por lo tanto, tampoco se puede saber a priori (si tienen beneficios). Uno selecciona por un tema académico, no socioeconómico".
