SANTIAGO.- Tras la resolución conocida esta mañana, en el marco de la investigación por el accidente que terminó con la vida de 21 personas en septiembre de 2011, en el archipiélago Juan Fernández, en que la Corte Marcial revocó el procesamiento de cuatro oficiales de la Fuerza Aérea, esta instancia judicial podría cerrar el caso.
Así lo señaló el abogado Cristián Arias, quien representa a la familia de Galia Díaz, miembro del ex Consejo de la Cultura y las Artes, que perdió la vida junto al animador de TVN Felipe Camiroaga, al empresario Felipe Cubillos y otras 18 personas, cuando llegaban a la isla para grabar los avances en la reconstrucción tras el terremoto de 2010.
"Ahora puede haber un cierre de investigación y hay que esperar de qué manera se cierra el caso", señaló el profesional.
Arias añadió que la resolución del tribunal militar no le sorprendió, porque, "en este caso la ilustrísima Corte de Apelaciones nunca nos ha dado la razón. De hecho las veces que hemos obtenido decisiones favorables ha sido con la ministra instructora Dobra Lusic y con la Corte Suprema".
"Ahora estamos tranquilos, no conformes por supuesto, pero es una decisión que estaba dentro de lo que podíamos haber esperado que se resolviera", sostuvo.
Consultado por si interpondrá algún recurso ante la decisión judicial, el abogado dijo que era un tema que tenía que analizar.
"Lo que corresponde ahora es entender qué es lo que definió la Corte Marcial y esperar que el ministro instructor determine si culmina esta investigación o seguirla adelante con algunos temas que pueden quedar pendientes", añadió.
Respecto del argumento de la Corte para revocar el procesamiento de los dos generales, un coronel y un teniente coronel que habían sido encausados en enero pasado por cuasidelito de homicidio, Arias explicó que éste fue "bien técnico y tiene sentido".
"Dice que las omisiones que nosotros hemos sostenido, en que incurrieron las personas inculpadas, no tienen vinculación causal desde el punto de vista penal para atribuir responsabilidad en la muerte de las 21 personas", dijo.
Ahora queda la arista en la justicia civil, donde existen varias demandas contras el Estado por lo ocurrido el 2 de septiembre de 2011 en las aguas del archipiélago.
