Diversas reacciones se han suscitado en torno a los márgenes de la fórmula presentada por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región de Valparaíso, que está ofreciendo habilitar a 19 de las 80 familias ocupantes para recibir subsidios de arriendo y también la posibilidad más extendida de trasladarlas a un albergue.
Esto, con el objetivo de que desalojen el terreno privado que se tomaron en el sector de Lajarilla y cumplir así el fallo dictado el 25 de noviembre pasado por la Corte Suprema, que acogió el recurso de protección interpuesto por su dueño.
Si bien por el momento no se ha hablado de montos ni que el beneficio
podría extenderse a la mayoría de los ocupantes, que son inmigrantes que mantienen una situación migratoria irregular, reacciones se han encumbrado respecto de esta idea.
Según recogió El Mercurio, para el diputado (RN) Andrés Celis, los beneficios que se otorgan a los desalojados resultan injustos para las familias que nunca han usurpado un terreno, que han postulado a los planes de vivienda y han estado ahorrando para ello, por lo cual "es también un incentivo para quienes optan por las ocupaciones ilegales".
Coincide el urbanista Iván Poduje. "Es una pésima medida, pues premia a las personas que se toman los terrenos, versus aquellas que postulan siguiendo las reglas. Es injusto, arbitrario y discriminador", opinó
El senador de la Región del Valparaíso y timonel de RN, Francisco Chahuán, le indicó a Emol que "acá debemos avanzar para los efectos del restablecimiento de los predios que fueron ocupados" y menciona que "nosotros presentamos un proyecto de ley que busca sancionar más drásticamente las usurpaciones".
"Valparaíso es la región con más campamentos de Chile", dijo, señalando que "hoy día lo que corresponde es cumplir con la ley y, particularmente, concretar la sentencia de los tribunales de justicia. Me parece que esta alternativa que permita restituir los predios, dándole alguna alternativa particularmente a las personas que están en sector, y que cuenten con los requisitos pertinentes y la precariedad en términos de un subsidio de arriendo temporal, es una solución adecuada".
Eso sí, señaló que "lo que no puede ocurrir es que eso no se transforme en una práctica habitual". Ejemplificó con un recurso de protección que interpuso para el restablecimiento de un predio donde se iba a emplazar un centro asistencia y otra acción judicial respecto de un campamento en el sector de Reñaca Alto: "Ambos recursos los ganamos en la Corte Suprema a través de la vía del recurso de protección. Lo importante es que no se establezca una mala práctica".
"Lo importante es que aquellos que están postulando por una vía regular a un beneficio sigan siendo prioridad y no se salten la fila las personas que siguen usurpando predios", cerró el parlamentario.
En tanto, el concejal de Viña del Mar, Pablo Gonzalez (PC), aseguró que "el ministerio tiene la obligación de ofrecer alternativas cuando se producen este tipo de desalojos, considerando que no podemos despreocuparnos de dónde las familias que hoy día, pese a la irregularidad y la forma en que se instalaron en un terreno, quedan después de un desalojo".
"Comprendo la contradicción de saltarse la fila. Pero no hay que desconocer que gran parte de las familias que optaron por instalarse en un terreno irregular, y en el caso de la Lajarilla, algunos de ellos eran parte de comitivas de vivienda o habían iniciado postulaciones a subsidios", complementó.
