Los legisladores UDI pidieron aplazar la entrada en vigencia de la nueva "Ley Uber".
El Mercurio (archivo)
Los diputados de la bancada de la UDI, Cristóbal Martínez y Natalia Romero, llamaron a postergar la entrada en vigencia de la denominada "Ley Uber", que a contar del próximo 19 de enero de 2024 comenzará a regularizar las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros que operan en el país.
Al respecto, si bien los parlamentarios aseguraron que era "absolutamente necesario" que dicho servicio se rigiera dentro de un marco legal en Chile, alertaron sobre los graves efectos que podrían tener las distintas restricciones que el Gobierno incluiría en el reglamento, y que de acuerdo a las primeras advertencias provocaría una disminución del 88% de los viajes que se realizan actualmente.
En ese sentido, los diputados Martínez y Romero no sólo hicieron referencia a la campaña publicitaria que lanzó Uber durante esta semana, sino que también a un estudio de la Universidad Diego Portales (UDP) que, además de comprobar la veracidad de la anterior afirmación, también advirtió que uno de cada dos conductores en el país no podrá seguir trabajando en las aplicaciones.
"El objetivo de este proyecto de ley, además de ofrecer una mayor seguridad para los pasajeros, era regularizar un servicio que se estaba masificando en Chile, pero en ningún caso restringirlo. Y es precisamente esto último lo que estaría provocando el Gobierno a través del nuevo reglamento, porque no sólo las aplicaciones de transporte, sino que incluso académicos, han advertido por el
enorme impacto que existiría en su operación", señalaron los legisladores.
Agregaron que "en medio de una nueva alza del desempleo y una economía muy estancada, no parece oportuno atacar un servicio que se ha convertido en una alternativa económica para miles de chilenos".
Justamente, los parlamentarios manifestaron su preocupación por la disminución de ingresos que sufrirían, sólo en el caso de Uber, cerca de 60 mil conductores. Pero además, lamentaron que, nuevamente, sean las regiones las que más sufrirían los impactos, puesto que el mismo estudio de la UDP estableció que menos del 30% de los viajes que se realizan en O'Higgins y Ñuble podrán ser sustituidos por el transporte público, dada las graves deficiencias que mantiene dicho servicio.
Por lo mismo, si bien reiteraron que es "indispensable regularizar este servicio", los diputados aseguraron que "pareciera prudente postergar la entrada en vigencia de esta nueva ley para así perfeccionar el reglamento, si es que no queremos perjudicar a un número importante de chilenos".
"Si existiera una alternativa, uno podría entender estos requisitos que está pensando el Gobierno. Sin embargo, están restringiendo al mínimo este servicio sin ofrecer ninguna solución en materia de transporte. Por eso es fundamental que las autoridades perfeccionen el reglamento para que no termine impactando económicamente en miles personas", finalizaron ambos diputados.
