VALPARAISO.- Una supuesta protección por parte del gobierno hacia la empresa mexicana Tribasa, detectaron los diputados Lily Pérez (RN) y Víctor Pérez (UDI), luego que pese a los problemas generados en la construcción del tramo Los Vilos-Santiago y Chillán Collipulli, entre otros, se le encargara a esta misma empresa la obra del oleoducto Concón-Maipú, que actualmente presenta atraso, por una suma superior a los U$ 42 millones.
Según explicaron, Sonacol S.A, que es una empresa en la cual ENAP participa en el 26%, suscribió un contrato de construcción de dicho oleoducto el 23 de septiembre de 1998. Tribasa debía construir e instalar 134 Km de oleoductos y obras accesorias de las plantas de Concón, Marga Marga, Curacaví y Maipú. Para la primera etapa tenía 211 días y para la segunda, 190 días.
No obstante, el 15 de febrero de 1999 hubo que modificar el contrato ante el incumplimiento de Tribasa, lo que obligó a Sonacol a contratar a otras dos empresas constructoras, para que se hicieran cargo de las obras inconclusas.
Ambos parlamentarios señalaron, que la Cámara de Diputados le consultó oficialmente sobre el tema al gerente general de ENAP, Daniel Fernánez Kopich, quien habría negado la existencia de los contratos con Tribasa respecto a este oleoducto.
"Nosotros queremos saber, como parlamentarios y como chilenos, por qué razón, el gobierno nos está ocultando información. Queremos saber qué otras operaciones tienen el gobierno de Chile con Tribasa, que es una empresa tremendamente cuestionada", dijo la diputada RN.
Agregó que es necesario que el gobierno explique porqué se le siguió dando otros proyectos a una empresa que presentaba atrasos en las obras. "Queremos saber con qué otra sorpresa nos vamos a encontrar en el camino, porque si ya Tribasa había sido rescatada por el gobierno; si el gerente general de Tribasa, cuando ganó dichas concesiones, era funcionario del MOP; y el actual Ministro del MOP, era el director de Concesiones, entonces obviamente que tenemos razones fundadas para pensar, e incluso sospechar, que aquí hay una protección y un trato preferencial a una
Empresa", sostuvo.
Recalcó que a raíz de esta situación, muchos contratistas minoritarios han terminado en la cárcel, ya que Tribasa no les canceló, y no pudieron cumplir con los sueldos de sus trabajadores.
Por su parte, Víctor Pérez señaló que es necesario transparentar la situación. "Queremos que el gobierno se sincere, sin duda vamos a ejercer todos los mecanismos legales para exigir que no se nos siga mintiendo. Aquí hay una prensa entre el sector progresista de la Concertación y Tribasa. Cada vez que hay alguien del sector PPD o PS, aparece Tribasa", dijo.
Indicó que es imprescindible fortalecer la facultad fiscalizadora de los legisladores, ya que "el señor Fernández sabe que le puede mentir a la Cámara, y por eso no va a tener sanción, nosotros estamos estudiando la Ley de Probidad, ya que por ese mecanismo buscamos sancionar a una autoridad pública, que claramente se niega a entregar una información que tiene en su poder".
