SANTIAGO.- El 83% por la opción NO, y el 17% por la alternativa SI, fue el resultado de una encuesta realizada por la Asociación de Exportadores de Manufacturas (ASEXMA CHILE), que consideraba la pregunta: "¿ Cree usted que las nuevas medidas del Gobierno solucionan los problemas de la PYME?".
Los empresarios respondieron a través de distintas vías, como el sitio web de ASEXMA CHILE (www.asexma.cl) y consultas telefónicas, en las cuales se aprovechó de recabar información para conocer qué proponían los afectados a fin de mejorar lo presentado por el Ejecutivo, para apoyar a este sector intensivo
en el uso de la mano de obra.
Los entrevistados manifestaron diferentes aprensiones en torno al tema, y varias de ellas se centraron en la necesidad de que las instituciones financieras, incluyendo el Banco del Estado, atiendan realmente a las PYMES con problemas.
Una opinión sostuvo que "las medianas empresas hemos quedado nuevamente fuera. La medida del financiamiento de preembarque que podría beneficiarnos, pasa inevitablemente por los analistas de riesgo del Banco del Estado y la banca privada, que en definitiva coartan el acceso al crédito".
"Se deben fijar normas a las AFP para que inviertan en la PYME y las capitalicen; para que la banca, especialmente del Estado, tenga límites en las colocaciones en las grandes empresas de modo que tengan que buscar colocaciones en el resto (Pequeñas y Medianas)", enfatizó otro encuestado. Finalmente, se concluyó que mientras no exista reactivación, será muy difícil que las empresas puedan pagar, por ejemplo, las Leyes Sociales atrasadas y las actuales, convirtiéndose en un problema aún mayor.
De este trabajo de consultas individuales, en el que trabajaron profesionales de la organización, surgió una propuesta presentada al Ministro de Economía, José de Gregorio, quien se encuentra estudiando lo planteado.
Lo solicitado al Gobierno implica ampliar las medidas a la Mediana Empresa, a través de incrementar el monto que califica el tipo de empresa beneficiada, hasta las U.F. 100.000; aumentar el monto máximo a repactar de $ 60 millones a $100 millones; ampliar el plazo para reprogramación de deudas tributarias y
previsionales a 36 meses, más un año de gracia y que la garantía de CORFO sea considerada como real, mediante una circular de la Superintendencia de Bancos.
