BUENOS AIRES.- Los diputados argentinos aún no terminan de debatir los
alcances que tendrán los "poderes especiales" conferidos al ministro de Economía, Domingo Cavallo, para que pueda aplicar un plan que busca terminar con una recesión de 33 meses, cuya gravedad fue confirmada por el PIB de -0,5% en 2000.
La Cámara Baja aprobó el lunes en general, pero suspendió hasta el mediodía de este martes el debate en particular de la segunda parte del proyecto de ley de Competitividad, que delega -en principio por un año, aunque algunos plantean acotarlo a 6 meses- facultades legislativas al Poder Ejecutivo, pero con limitaciones como la de no poder cambiar la ley de convertibilidad del peso y su respaldo en dólares.
Las "facultades especiales" para poner en marcha el plan Cavallo formaba parte del proyecto de Ley de Competitividad, pero el jueves pasado los legisladores dividieron la norma en dos partes y apuraron la sanción de un impuesto de hasta el 0,6% a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias, el cual reportará un ingreso al fisco de US$ 2.000-5.000 millones.
La primera parte de la ley fue promulgada el sábado pasado por el Presidente Fernando de la Rúa. En cambio, los artículos referidos a los poderes especiales aún están en tratamiento en el Parlamento.
Después de sesionar sin interrupción el fin de semana, la segunda parte del
proyecto se votó "en general" el lunes por 153 votos a favor y 81 en contra (con 234 presentes sobre un total de 257 diputados), con el apoyo de muchos legisladores de extracción peronista (oposición) y de los partidos provinciales y Acción por la República (centroderecha), que responde a Cavallo.
Después de debatir "en particular" durante más de 6 horas, el martes de
madrugada la Cámara de Diputados suspendió su sesión hasta las 12.00 hrs.
Hasta la interrupción, la Cámara Baja había considerado sólo una parte del
primero de los 7 artículos de esta ley, introduciendo modificaciones al proyecto oficialista y eliminando un inciso que le otorgaba al Poder Ejecutivo la potestad de garantizar operaciones de crédito público mediante la afectación de recursos o activos públicos.
En su reemplazo, se incluyó el decreto de necesidad y urgencia sobre el Plan de Infraestructura, que habilita a un endeudamiento para garantizar el financiamiento de la obra pública.
Reacción de mercados
La Bolsa argentina tuvo el lunes una reacción positiva a la aprobación en
general de la Ley de Competitividad y un crecimiento del 5,15%, mientras que el riesgo país bajó del 6% y se ubicó en 930 puntos.
No tan optimista, la agencia de calificación Standard and Poor s redujo el
lunes las calificaciones de Argentina a B desde BB-, al sostener que "la
incertidumbre aún rodea a las medidas específicas que Cavallo aún debe anunciar y la reacción frente a dichas medidas".
Las cifras económicas oficiales conocidas el lunes tampoco son alentadoras. El Producto Interno Bruto bajó el 0,5% en el 2000, aunque en el último trimestre el retroceso alcanzó al 2,0%, según el Ministerio de Economía.
Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la inversión en el cuarto trimestre del año bajó del 10,8%, respecto a igual período del año anterior. Además, la inversión interna bruta experimentó durante el 2000 una baja del 8,3%.
Otras cifras correspondientes a este año son igualmente negativas. Las ventas en supermercados disminuyeron en febrero 3,2% respecto a igual mes del año anterior, mientras que la facturación en centros comerciales (shoppings) se desplomó un 12,6%.
Estos datos evidencian que pese al apoyo recibido por Argentina en diciembre pasado al recibir un megapréstamo internacional de US$ 39.700 millones, encabezado por el FMI, la recesión se prolongó.
Las atribuciones que el gobierno obtendrá cuando se termine de aprobar la
segunda parte de la ley de Competitiviad, le permitirá la fusión o centralización de organismos públicos y reforma de ministerios, y da facultades al Poder Ejecutivo para intervenir y modificar los mercados de capitales y de seguros.
En ese muy amplio proyecto de ley -que se propone reformar el Estado y
desregular y modificar esquemas impositivos- se incluyó a último momento una cláusula por la que no puede ser modificada la Convertibilidad (un peso igual a un dólar), instaurada por el propio Cavallo en 1991 cuando era ministro del peronista Carlos Menem (1989-99).
Autoriza igualmente a garantizar los títulos de la deuda externa (US$ 150.000
millones, el 51% del PIB) con recursos y activos públicos, al tiempo que habilita a crear o eliminar exenciones impositivas.
En cambio, no se podrán rebajar salarios ni jubilaciones, ni despedir empleados públicos y tampoco privatizar el Banco Nación (principal entidad oficial de crédito).
