SANTIAGO.- El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Ariztía, expresó el categórico rerchazo del sector empresarial al proyecto de ley sobre reformas laborales que se encuentra en trámite legislativo, por cuanto provocará un serio prejuicio a los trabajadores, los desempleados, los empresarios y a la economia del país.
El dirigente empresarial afirmó que "si el Gobierno quiere que el país avance, tiene que reaccionar y todavía es tiempo".
Agrego que con este proyecto claramente se va en contra de la modernidad y si es aprobado "iremos en sentido contrario a los demás países, es decir, contra el tráfico".
Ariztía puntualizó que estas normas laborales resultan contrarias a la creación de empleo. "Su aprobación en los términos actualmente propuestos, -dijo- originará una rigidización de las relaciones laborales, una excesiva intervención de la autoridad, un aumento de la conflictividad en el trabajo y una proliferación de juicios en esta materia, lo que incrementará aún más los altos niveles de desempleo".
A su juicio, de aprobarse la iniciativa, se retrodecerá a prácticas laborales que han quedado en el pasado de las cuales "el resto del mundo se aleja vertiginosamente, con el ánimo de beneficiarse de las enormes ventajas que acarrea la globalización de la economía".
Ariztía dijo que si el Gobierno no contara con el Fondo de Contingencia para el Empleo, la tasa de desocupación habría llegado al 12 por ciento, con más de 680 mil trabajadores desocupados.
Al respecto, formuló un llamado a las autoridades y a los parlamentarios a analizar adecuadamente esta iniciativa, apostando por el crecimiento del país en el largo plazo, en lugar de un horizonte puntual con fines electrorales.
El dirigente manifestó el proyecto revela una desconfianza hacia la economía social de mercado y un desconocimiento del principio de la buena fe y las relaciones entre las personas.
Sostuvo que "con el fin de castigar a unos pocos que no cumplen la ley se perjudica la gran mayoría que lo hace, y esto no obsta a que nuestros gremios rechacen en forma categórica la conducta de los empresarios que no respetan la legislación vigente".
Por últino, señaló que la iniciativa debería postergarse, ya que votar a favor del actual contenido del proyecto "implica hacerse responsable de causar un serio prejuicio a los trabajadores y al desarrolo del país".
