BUENOS AIRES.- La Cámara de Diputados aprobó hoy en Argentina un proyecto de ley que obliga al Estado Nacional a compartir con las provincias la recaudación de un impuesto a las transferencias bancarias por cuenta corriente, que genera unos 400 millones de dólares al mes.
La aprobación definitiva del proyecto, que debe ser analizado por el Senado, puede dejar al Estado Nacional sin un ingreso vital para el cumplimiento de la política de "déficit cero" diseñada para las cuentas públicas.
"No es una buena noticia", dijo el portavoz del Gobierno, Juan Pablo Baylac, ante una consulta de los periodistas sobre el asunto.
El proyecto fue aprobado durante una sesión plagada de gritos y discusiones entre los diputados del oficialismo y la oposición, en medio de una larga y compleja discusión entre el Estado Nacional y las provincias por la distribución de los recursos federales.
Por la aprobación del proyecto votaron 138 diputados, la mayoría de ellos del opositor Partido Justicialista (PJ-peronista), con el apoyo de legisladores que abandonaron la Alianza gobernante en disconformidad con las políticas social y económica del Gobierno.
La negativa recibió apenas 65 votos de la Unión Cívica Radical (UCR), que lidera la Alianza, y de la liberal Acción por la República, del ministro de Economía, Domingo Cavallo.
La Cámara de Diputados pudo tratar este proyecto después de haberse frustrado otros intentos por falta de quórum.
Cuando radicales y liberales vieron que los peronistas y sus aliados circunstanciales había llegado al número mínimo exigido, decidieron bajar al recinto para dar debate y demorar la votación a la espera de un acuerdo entre el Estado Nacional y las provincias.
Pero el peronismo hizo valer su dominio en el recinto, logró impedir la apertura de la lista de oradores y dio paso de inmediato a la votación.
El impuesto a las transferencias bancarias dejó en las arcas nacionales 406 millones de dólares en octubre pasado.
La iniciativa deberá pasar ahora al Senado, donde el peronismo cuenta con mayoría propia.
El portavoz Baylac eludió una pregunta concreta acerca de la posibilidad de que el presidente Fernando de la Rúa vete la ley en caso de que sea aprobada por el Senado.
La decisión de los diputados mejoró la postura de los gobernadores en la negociación frente al Estado Nacional por los recursos federales.
En su plan de "déficit cero", el Gobierno pretende bajar los montos que transfiere a las provincias, las que, a su vez, exigen el pago inmediato de una deuda de más de 800 millones de dólares acumulada por el Estado entre julio y octubre pasados.
