BUENOS AIRES.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) todavía no ha anunciado la fecha en que viajará a Buenos Aires la misión negociadora, que estudiará el otorgamiento de asistencia financiera a Argentina, confirmó el lunes el Ministerio de Economía.
El ministro Roberto Lavagna habló telefónicamente esta tarde durante media hora con Anne Krueger, vicedirectora del FMI, quien pidió más precisiones sobre la propuesta del Gobierno argentino para salir del llamado "corralito financiero" y sobre la recientemente derogada Ley de Subversión Económica.
Lavagna acordó enviar a Washington "documentación sobre cuestiones reglamentarias del corralito y precisiones sobre la Ley de Subversión Económica", expresó el comunicado.
El ministro volverá a hablar con Krueger el martes, una vez que la vicedirectora del FMI haya revisado la documentación enviada por el Gobierno argentino.
Tanto el Presidente Eduardo Duhalde como Lavagna y otros funcionarios habían reiterado, en los últimos días, que la Argentina ya cumplió con los requisitos que había pedido el FMI para reiniciar negociaciones. Reclamaron que el Fondo no las demorara más, ya que son vitales para que la Argentina intente revertir la recesión económica que la sumió en la peor crisis económica de su historia.
Pero en los últimos días el FMI volvió a plantear nuevas exigencias.
El FMI se hizo eco de los reclamos de los bancos extranjeros radicados en este país y objetó que los bonos ofrecidos por el Gobierno a los ahorristas fuesen optativos y no obligatorios.
El Fondo también impugna que el Congreso, al derogar la Ley de Subversión Económica, hubiese incorporado al Código Penal algunas de las sanciones contenidas en aquella legislación, que castigaba el vaciamiento de empresas, el lavado de dinero, la transferencia ilegal de fondos al exterior y otras operaciones perjudiciales para la economía nacional.
Los impugnadores de la ley derogada la acusaban de desalentar las inversiones extranjeras y de otorgar demasiado poder a los jueces. Sus defensores, en cambio, alegaron durante el debate legislativo que su derogación garantizaría la impunidad de los llamados "delitos de guante blanco".
