LISBOA.- El proyecto presupuestario para 2012 presentado hoy por el Gobierno de Portugal contempla un aumento generalizado de impuestos, límites a las deducciones fiscales y significativos recortes en el gasto público.
La generalización impositiva se refleja en el incremento del IVA en diferentes productos y áreas, entre ellas la restauración, que a partir del año próximo estará gravada con un tipo del 23%, diez puntos más que actualmente, al igual que sectores como los de las conservas, frutas, aceites o café.
Mayor será el alza de este impuesto en los casos de bebidas y postres lácteos, concentrados de zumos y patatas fritas ya peladas, que pasarán del tipo mínimo (6%) al máximo (23%).
El mismo incremento se aplicará a los "espectáculos, pruebas y manifestaciones deportivas, así como otras atracciones públicas".
En el caso del tabaco, el 50% de su coste irá dirigido a las arcas públicas, cinco puntos porcentuales más que hasta ahora.
También se propone elevar las contribuciones a los automovilistas, con aumentos en el impuesto sobre vehículos (7,6 al 12,4 %).
El Gobierno portugués promueve, asimismo, limitar las deducciones fiscales por gastos en vivienda (que pasaría de desgravar el 30 a hacerlo en un 15 %), salud (hasta el 10 %) y educación.
Las medidas afectan igualmente a la factura de la electricidad, que se encarecerá un 4% para la mayor parte de las familias lusas.
Para los inversores, las plusvalías serán gravadas con un tipo del 21,5%, lo que representa una aumento del 1,5%.
Otra de las novedades del proyecto presupuestario es la suspensión de las transferencias previstas por parte del Estado a la región autónoma de Madeira, debido al desvío encontrado en sus finanzas a finales de agosto, superior a los mil millones de euros.
Precisamente este desvío, sumado a los 2.800 millones detectados por el Gobierno conservador cuando asumió el poder en junio, ha llevado al Ejecutivo a endurecer sus reformas económicas más de lo pactado con la UE y el FMI, que prestan al país 78.000 millones de euros.
Antes de su presentación pública el primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, adelantó las medidas más polémicas, entre ellas la supresión de la paga de verano y de navidad a funcionarios, empleados públicos y pensionistas con retribuciones mensuales superiores a los 1.000 euros.