Rousseff no renunciará a bajar precio de la energía en Brasil pese a negativa de empresas

BRASILIA.- La presidenta Dilma Rousseff aseguró hoy que no renunciará a su proyecto de bajar en un 22% el costo de la energía en Brasil, pese a la negativa de distribuidoras de electricidad de tres estados en adherirse al plan del gobierno.

"Reducir el precio de la energía es una decisión y el gobierno no dará marcha atrás, pese a lamentar profundamente la inmensa falta de sensibilidad de los que no se dan cuenta de la importancia de este tema para que nuestro país crezca en forma sostenible", expresó la mandataria, en un discurso pronunciado ante los integrantes de la poderosa Confederación Nacional de la Industria (CNI).

Según el secretario ejecutivo del Ministerio de Minas y Energía, Marcio Zimmermann, la negativa de las distribuidoras de Sao Paulo, Minas Gerais y Paraná en adherirse al plan de recorte de costos de energía hará que la reducción en la tarifas a partir de enero sea del 16,7%, en lugar del 20,2% planeado por el gobierno.

Zimmermann responsabilizó de ello a las gobernaciones de los estados gobernados por la oposición, en especial Sao Paulo y Minas Gerais, cuyos gobernadores pertenecen al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del pasado gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

"La decisión de estas empresas, principalmente las de Sao Paulo y Minas Gerais, de no renovar sus contratos bajo nuevas bases es la causa de que no podamos anunciar el recorte en las cuentas de energía eléctrica que deseaba el gobierno federal", apuntó ayer el funcionario.

El plan gubernamental, lanzado en septiembre pasado, contempla un recorte de impuestos para algunas empresas productoras y distribuidoras de energía, a cambio del compromiso de reducir en entre un 16,2% y un 28% el precio de la tarifa de electricidad para consumidores residenciales y para la industria a partir del próximo año.

Por el proyecto, que forma parte del esfuerzo del gobierno para reducir los costos de producción de la industria y así aumentar la competitividad internacional del sector, los incentivos fiscales beneficiarían a las empresas cuyos contratos de concesión para producción y distribución de energía expiran en 2015.

Para incentivar la rebaja en las tarifas, el gobierno prometió eliminar dos tributos que inciden sobre la factura de energía eléctrica -que en total supusieron una recaudación de unos US$ 3.750 millones en 2011- y reducir en un 25% otro impuesto, que generó unos US$ 1.640 millones para el Tesoro federal el año pasado.

No obstante, las distribuidoras de energía de Sao Paulo (Cesp), de Minas Gerais (Cemig) y de Paraná (Copel) anunciaron que no aceptarán reformar sus contratos, argumentando que sus accionistas consideraron demasiado bajo el valor de las compensaciones ofrecidas por el gobierno.

"Estas empresas otorgaron prioridad a sus accionistas, y no a la población brasileña", disparó Zimmermann.