Advierten que expropiaciones limitan inversiones en Bolivia

LA PAZ.- La reciente expropiación de capitales españoles en cuatro filiales del grupo Iberdrola limita las inversiones extranjeras en Bolivia, advirtió la estadounidense Fundación Heritage en un informe conocido hoy en La Paz.

"La expropiación es un problema, como lo es la ocupación ilegal de propiedades privadas del sector rural, por lo que tener una política intervencionista y un débil sistema judicial daña el ambiente de negocios y limita las inversiones privadas", destaca el informe "Libertad Económica" que reprodujo el diario "El Deber".

Agrega que la actitud del gobierno de Bolivia es hostil a las inversiones extranjeras, respaldado por la nueva Carta Magna en vigor desde febrero de 2009, de corte socialista e indigenista.

"Su Constitución permite inversiones que contengan una función social, y específicamente da prioridad a inversiones locales sobre las inversiones extranjeras, por lo que no habría un ambiente acorde para el desembolso de recursos foráneos", señala.

La Procuraduría General del Estado reportó que Bolivia tiene pendiente 13 procesos en tribunales internacionales por su política de expropiaciones en los últimos siete años, y por un valor de US$ 1.084 millones.

La suiza Glencore Internacional PLC planteó el año pasado un proceso por la expropiación de la mina Colquiri, al sudoeste de La Paz, y la planta de fundición de minerales Vinto en Oruro.

La española Red Eléctrica inició una demanda el 5 de julio de 2011 para recuperar su inversión en la Empresa Transportadora de Electricidad de Bolivia.

A su vez, South American Silver Limited, de capitales canadienses, presentó una demanda por la expropiación del yacimiento minero Mallku Khota en el departamento de Potosí, sur de Bolivia.

Desde el 1 de mayo de 2006 hasta la fecha, el gobierno de Evo Morales expropió 14 empresas de capitales extranjeros como la inglesa Rurelec, la brasileña Petrobras, las españolas Abertis, Red Eléctrica e Iberdrola, la suiza Glencore y otras.

También el empresario boliviano Samuel Doria Medina sufrió la expropiación de sus acciones en la cementera Fancesa y hace dos años que no recibió ninguna indemnización, y tiene en su contra varios procesos judiciales.