SANTIAGO.- Francisco Labbé ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) calificó su renuncia de este viernes como "voluntaria" para que no se siga destruyendo el nombre de la institución y aseguró que con la autonomía del servicio "se van a acabar estos problemas", en medio de destape de investigación sobre presunta manipulación de cifras del Censo.
"No estoy dispuesto a que mancillen con mi nombre. Tengo toda una vida de un hombre decente, correcto, no he tenido en mi vida un cheque protestado. No me merezco lo que pasa" aseguró Labbé a El Mercurio, luego de que Ciper Chile publicara en un artículo que el ex ejecutivo informó que habían sido censadas 16,3 millones de personas, cuando solo llegaron a censar a 15,8 millones.
"Soy el único que ha hecho de verdad un proyecto de ley de autonomía que va a dejar huella, y el más interesado en que sea aprobado. Espero que nunca más otro director sufra lo que yo he sufrido, porque imagino que con la autonomía se van a acabar estos problemas", agregó.
En lo que respecta a las declaraciones de Mariana Alcérreca, asesora del ahora ex director del organismo, de que conseguir "el mejor Censo de la historia", lo habría llevado a manipular los datos Labbé respondió que "son cosas que puede decir ella. Pero lo que es cierto es que yo tomé una decisión cuando se me preguntó qué hacer (...). Resulta que los 'censos de derecho' como el que hicimos nosotros, tienen virtudes y desventajas. La gran virtud es la cobertura, porque llegamos a todos lados, pero el gran defecto es que como no se hace un día en que están todos en sus casa, hay una mayor cantidad de viviendas que no tienen moradores".
Además agregó que "En este Censo llegamos a tener 3% de moradores ausentes y, comparado con los datos del pre Censo, nosotros llegamos a 101,1% de cobertura".
El ex director está evaluando si realizará alguna denuncia legal contra Mariana Alcérreca.
El Censo tuvo un presupuesto de $16 mil millones y hacía fines del proceso censal, de mediados de 2012, los técnicos de la institución comenzaron a darse cuenta de que no alcanzarían la cobertura previamente planificada de personas. El equipo técnico informó que se llegarían a 15,8 millones de personas censadas, y Labbé –según la denuncia-, incluyó también como población efectivamente censada a los moradores ausentes y viviendas desocupadas, llegando así a 16,3 millones de habitantes.