Sacyr espera cerrar acuerdo con Autoridad del Canal de Panamá para acabar obras en 2015

MADRID.- El grupo Unidos por el Canal, liderado por Sacyr y encargado de las obras de ampliación del Canal de Panamá, continúa negociando con la administración gestora de la vía con el fin de cerrar un acuerdo definitivo sobre la financiación del proyecto que
permita culminarlo en 2015.

Las empresas constructoras ratificaron, a través de un comunicado, que ayer jueves reanudaron las obras de ampliación, tras alcanzar un principio de acuerdo con la Administración del Canal de Panamá (ACP).

Los trabajos llevaban parados desde el pasado 5 de febrero por falta de financiación.

En este sentido, el consorcio indicó que la "reactivación" que se está haciendo está "siguiendo un procedimiento que permitirá que la obra esté a pleno rendimiento en el menor tiempo posible".

Asimismo, el grupo (que completan la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa) indicó que mantiene una "comunicación abierta" con la ACP con el fin de cerrar "en los próximos días" el memorandum del acuerdo definitivo.

El principio de acuerdo conseguido en la madrugada del jueves entre el Canal y las constructoras establecía la inmediata reanudación de las obras mientras que ambas partes se daban un plazo de, al menos, 72 horas, para concretar y cerrar otros aspectos.

EJECUTADO AL 70%

La construcción del tercer juego de esclusas con que se ampliará el Canal de Panamá presenta actualmente un grado de ejecución del 70% y, hasta el momento su fecha de conclusión estaba fijada para junio de 2015, si bien el administrador del Canal, Jorque Quijano, ya ha apuntado que tras este parón en la construcción, quizá se retrasara hasta finales del proyecto año.

Sacyr y sus socios del consorcio se adjudicaron este proyecto, uno de los mayores de la historia de la ingeniería civil, en julio de 2009 por un importe de 2.400 millones de euros.

Con la ratificación del principio de acuerdo alcanzado el jueves, el consorcio y la ACP pondrían fin al contencioso que surgió el pasado 1 de enero, cuando las empresas denunciaron falta de liquidez para continuar con los trabajos por las demoras de la Administración y otras instancias a la hora de responder a las reclamaciones que están
planteando por sobrecostes que están surgiendo en el proyecto, que cifran en unos 1.200 millones de euros.