Rafael Correa, Presidente de Ecuador.
EFE (archivo)QUITO.- El Legislativo de Ecuador aprobó el jueves una ley impulsada por el Presidente Rafael Correa que procura fortalecer el control del sector financiero local y que recibió críticas de las instituciones privadas.
El proyecto recibió el respaldo de 91 de los 137 diputados.
El Ejecutivo justificó la propuesta en la necesidad de impedir crisis como la ocurrida en 1999, cuando 16 entidades financieras quebraron y debieron ser rescatadas con fondos públicos que ascendieron a cerca de 8.000 millones de dólares.
El colapso llevó a la todavía vigente dolarización de la economía y masivas protestas que llevaron al derrocamiento del entonces Mandatario, Jamil Mahuad.
La presidenta del Congreso, la oficialista Gabriela Rivadeneira, resaltó que la norma "garantiza no más feriados (bancarios), estabilidad financiera y monetaria y, lo que es más, protección absoluta de los dineros de depositantes".
La ley prevé crear una junta encargada de la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. Asimismo, tiene atribuciones para prevenir y desincentivar prácticas fraudulentas como el lavado de activos, y el financiamiento de delitos como el terrorismo.
Por otra parte, contempla penalizar el congelamiento de depósitos bajo la figura de peculado y aumentar los montos mínimos de capital para la creación de un banco.
También eleva las multas por incumplimiento de las normas bancarias y fija un seguro obligatorio de depósitos.
La banca privada, en tanto, denunció que la legislación aprobada este jueves implica una intervención indebida del Estado.
El ex ministro de Economía Mauricio Pozo, coincidió en que la normativa muestra "una actitud absolutamente intervencionista" que "debilita al sector financiero".
Las instituciones también se oponen a que el gobierno oriente el crédito y estiman que la norma restará facultades para determinar el riesgo en la concesión de préstamos.
El sistema financiero ecuatoriano está integrado por 26 bancos privados, dos de ellos de capital extranjero, y ocho públicos.