Reuters
SAO PAULO.- El caso de corrupción en la petrolera estatal brasileña Petrobras, que compromete a las principales constructoras del país, puede atrasar las obras para las concesiones privadas de los aeropuertos de las ciudades de Porto Alegre y Salvador, señaló hoy la prensa.
El diario Folha de Sao Paulo, que citó fuentes próximas al Gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, apuntó que la tercera fase de concesiones de aeropuertos prevista para este año sólo podrá ser realizada a comienzos de 2016.
El caso de corrupción, investigado por la Policía y por una comisión del Congreso, ha resultado en el arresto de varios directivos de Petrobras y de decenas de directores de importantes constructoras que prestaban servicios a la petrolera.
Según la Policía, estos empresarios inflaban los precios de los contratos con Petrobras, se repartían parte de ese coste extra con directores de la petrolera y el resto del dinero se distribuía entre decenas de políticos que amparaban las corruptelas, por vías ilegales y legales, como la financiación de campañas electorales.
El viernes, precisamente, Dalton Avancini, presidente de la constructora Camargo Correa, y Eduardo Leite, vicepresidente de la misma compañía investigada, quienes están presos desde noviembre pasado en la sureña ciudad de Curitiba, aceptaron un acuerdo de delación premiada a cambio de reducción de pena.
Según el diario, no existe "ambiente" para hacer este año las concesiones que prevén entregar a la administración privada los aeropuertos de Porto Alegre, capital del sureño estado de Río Grande do Sul -fronterizo con Argentina y Uruguay-, y Salvador, en Bahía (nordeste).
En 2012 y 2013, como parte de las obras complementarias para el Mundial de Fútbol de 2014, el Gobierno entregó a consorcios privados la administración de los aeropuertos de Guarulhos y Campinas, ambos en el estado de Sao Paulo; el de la capital Brasilia, el Galeao de Río de Janeiro y el de Confins, que opera para Belo Horizonte.
La administración fue otorgada principalmente a firmas extranjeras, pero todas se presentaron en los consorcios junto a las principales constructoras del país, encargadas de ejecutar las obras civiles obligatorias en los contratos de concesión.
El temor de hacer las concesiones este año -apuntó el periódico- es que constructoras investigadas como UTC, OAS, Engevix y Camargo Correa, entre otras, tienen deudas con bancos públicos y privados por un valor de 130.000 millones de reales (unos US$ 45.518 millones) y eso puede reducir el número de licitadores.
Además, agregó Folha, la Justicia puede llegar a impedir que las empresas implicadas en el caso firmen contratos con el sector público y que su solidez financiera se vea afectada si son obligadas a resarcir al erario devolviendo dinero o pagando multas.
Aunque evitó asociar el asunto con el escándalo de Petrobras, el ministro de Aviación Civil, Eliseu Padilha, admitió que "tal vez no se consiga hacer la subasta este año. El mercado no está bueno para entrar con expectativas muy altas", aunque advirtió que el mercado sigue en crecimiento y "atractivo" para las inversiones extranjeras.
