Gobierno encarga a la FAO evaluación de la Ley de Pesca aprobada en 2012

SANTIAGO.- El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura firmaron esta mañana un memorándum de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para que este organismo internacional realice la evaluación de la Ley General de Pesca y Acuicultura aprobada en 2012 por el Congreso Nacional.

El acuerdo permitirá desarrollar una evaluación técnica de la legislación pesquera vigente a la luz de los instrumentos y buenas prácticas para la sustentabilidad y gobernanza del sector pesquero que promueve FAO en todo el mundo.

Según explicó el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, mediante este instrumento “se da cumplimiento al compromiso del gobierno de realizar una evaluación de la Ley de Pesca y Acuicultura, que cumplirá con los más altos estándares internacionales en materia de sustentabilidad y se ajustará a las directrices mundiales que FAO promueve respecto de pesca sostenible y buenas prácticas”. 

Añadió que de este acuerdo “es un paso más en nuestra estrategia para impulsar y fortalecer la pesca y acuicultura, la que considera acciones para mejorar la institucionalidad del sector, afrontar los desafíos de largo plazo y promover el emprendimiento, pero también para enfrentar las urgencias que están afectando directamente la subsistencia de las personas”.

En el proceso de evaluación, la FAO contará con un equipo de alto nivel de expertos nacionales e internacionales y al mismo tiempo asegurará contar con las visiones de los usuarios del sector a través de mecanismos de participación.

La iniciativa  tendrá una duración de ocho meses y permitirá establecer un marco teórico e identificación de estándares internacionales en materia de legislación pesquera y acuícola, realizar un análisis  de brechas de la ley en relación con los instrumentos y acuerdos internacionales en materia de gestión sostenible de recursos pesqueros y otorgar recomendaciones que permitan eliminar, acortar o cerrar las brechas o vacíos de la ley con respecto a los instrumentos, acuerdos y directrices internacionales para la sostenibilidad y gobernanza del sector.