LA PAZ.- Tres ministros del Gobierno de Bolivia fueron tomados como rehenes por pobladores de un municipio de la frontera con Brasil, que reclaman autorización oficial para la instalación de una siderurgia, informaron hoy las autoridades.
Los ministros de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas; de Desarrollo Económico, Celinda Sosa, y de Minería, Wilson Villarroel, están retenidos en la población de Puerto Suárez, indicó el titular de Defensa, Wálker San Miguel, en una rueda de prensa.
El suceso se produjo aproximadamente a las 19.30 horas (01.30 GMT del miércoles), dijeron a EFE fuentes periodísticas del lugar.
Los habitantes de Puerto Suárez, junto a sus vecinos de Puerto Quijarro, tomaron la decisión contra las autoridades para presionar al Ejecutivo con el objetivo de que emita la licencia ambiental en favor de la empresa siderúrgica MMX, filial de la brasileña EBX.
El Gobierno boliviano considera ilegal la planta porque está ubicada en la franja fronteriza del país, prohibida para extranjeros, y porque pretende utilizar carbón vegetal, con grave perjuicio para el medio ambiente de la región.
Desde la frontera, periodistas del lugar informaron a EFE de que los tres ministros se encuentran encerrados en el local del Comité Cívico de la localidad pero con protección de efectivos de la Fuerza Naval Militar y de la Policía.
Se indicó que no han sufrido maltrato, salvo los insultos de gente que participó en la asamblea donde se escucharon las explicaciones de las autoridades a la demanda para que se permita la continuación del proyecto industrial.
En La Paz, el ministro San Miguel volvió a acusar a los ejecutivos de la empresa brasileña de burlar la normativa tributaria boliviana y de presionar a las autoridades por medio de los pobladores de la zona fronteriza.
Aseguró que "es inaceptable negociar" en estas condiciones.
A su vez, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, sostuvo que el Gobierno no negociará la soberanía del país y menos bajo medidas de presión.
El funcionario dijo que se denunciará el hecho, que calificó de delito contra el estado de derecho, ante la Fiscalía General de la República, para su investigación y sanción.
Los rehenes habían viajado a la frontera para explicar a los pobladores del lugar el mecanismo aprobado por el Gobierno para asegurar la licitación de la explotación de los yacimientos de hierro de Mutún, ubicados a 30 kilómetros al sur de la zona de conflicto.
