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Santiago: Miércoles 04 de diciembre del 2024 | Actualizado 00:35
Las principales quejas contra el impuesto a las emisiones de CO2 vienen de empresas mineras.
Reuters (archivo)SIDNEY.- El Primer Ministro de Australia, Kevin Rudd, admitió hoy que la sustitución del actual impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2, gas de efecto invernadero ligado al cambio climático, según expertos) costará a las arcas del Estado cerca de 3.450 millones de dólares (de EE.UU.) durante los próximos cuatro años.
El tesorero federal, Chris Bowen, había confirmado ayer el cambio en política tributaria y la creación de un sistema de comercio de emisiones para el 2014, un año antes de lo previsto.
Para compensar tal pérdida de ingresos, el jefe del Ejecutivo australiano, quien habló en Townsville (al norte del país) lanzó una batería de recortes al gasto público y nuevas medidas tributarias.
El fin anticipado del Fondo de Seguridad Energética, con dos años de antelación; el recorte en las subvenciones para implementar las tecnologías limpias y la captura del carbono y el endurecimiento de los impuestos sobre el uso privado de vehículos pertenecientes a empresas forman parte de las medidas.
Rudd insistió en que los hogares australianos seguirán recibiendo asistencia financiera por parte del Gobierno.
"Los 370 mayores contaminantes del país seguirán pagando por la contaminación de carbono, pero estos costes serán reducidos, lo que supone una menor presión para los consumidores", dijo Rudd.
Quejas de empresas
En julio de 2012, el Gobierno de la entonces Primera Ministra, Julia Gillard, implementó un impuesto de 23 dólares locales (20,84 dólares de EE.UU.) por tonelada de CO2 emitida.
El precio actual de dicha tasa es de 24,15 dólares locales (21,88 dólares de EE.UU.).
Con la aplicación del futuro mercado de emisiones, una tonelada de gas contaminante costará unos 6 dólares locales (5,44 dólares de EE.UU.), según los expertos.
El anuncio de modificación el polémico impuesto al carbono se llevó a cabo antes de las elecciones generales, previstas para el próximo 14 de septiembre.
El sector minero y otros empresarios se han opuesto abiertamente al impuesto sobre las emisiones de CO2.
