SAN FRANCISCO.- La investigación sobre los atentados contra el World Trade Center y el Pentágono ha revivido el debate sobre la codificación de mensajes en computadora, la práctica para encriptar e-mail y otras informaciones.
La codificación hace casi imposible para terceras partes, incluyendo la procuración de justicia, leer comunicaciones digitales interceptadas.
Sólo un receptor con una "llave" especial puede decodificar y leer esos mensajes. Funcionarios de la procuración de justicia han estado tratando, sin éxito, tener un acceso de emergencia dentro de tales programas de codificación que les podría dar la posibilidad de leer mensajes y datos codificados.
Tras los atentados del 11 de setiembre y los posteriores pedidos para que la ley permita a sus investigadores interceptar e-mails y otros mensajes digitales renovó el debate para otorgar al gobierno formas fáciles de romper esos códigos de comunicación.
"Las herramientas de la procuración de la ley creada hace décadas fueron habilitadas para teléfonos rotativos no correos electrónicos, Internet, comunicación móvil ni correo de voz", dijo recientemente el Procurador General de Estados Unidos, John Ashcroft a un panel dela Cámara de Representantes, cuando buscaba apoyo para una petición para ampliar la autoridad para intervenir teléfonos celulares y computadoras.
"Las organizaciones terroristas han utilizado cada vez más tecnología para facilitar sus actos criminales y esconder sus comunicaciones de la procuración de la justicia", prosiguió.
El debate sobre la codificación, que ha estado en marcha durante años, se ha centrado en el programa Pretty Good Privacy (Muy buena intimidad) creado por el programador de computación Paul Zimmermann.
El programa, disponible gratis en internet, ha estorbado a los investigadores del gobierno y ha provocado peticiones para la creación de un mandato legal alternativo. La legislación ha impedido la exportación del programa pero la distribución de la tecnología vía internet ha vuelto inútiles a esas leyes.
Grupos a favor de las libertades civiles se han opuesto firmemente a dar al gobierno amplios poderes para romper tecnologías de codificación personal, en lugar de una legislación que requerirá a los investigadores en las redes de internet obtener permiso para utilizar accesos sobre la base de estudios caso por caso.
