SANTIAGO.- Junto con criticar la actuación del Gobierno en los casos de la empresa McDonald's y de Alto Hospicio, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), diputado Pablo Longueria, junto al vicepresidente de la colectividad, senador Andrés Chadwick, exigió hoy que las autoridades políticas, judiciales y policiales asuman la responsabilidad que les corresponde, por su "incompetencia".
Respecto al caso de Alto Hospicio, Longueira fue enfático al señalar que "lo que ha ocurrido es muy grave y ha estremecido al país entero y exige acreditar las responsabilidades políticas y administrativas a los más altos niveles", aunque se negó a dar los nombres de quienes considera que deberían responder por estos hechos, agregando que ello corre por cuenta del Presidente de la República.
Sin embargo, el parlamentario advirtió que no deben sólo asumir la responsabilidad los "mandos medios", aludiendo a las renuncias producidas en Carabineros e Investigaciones.
El dirigente opositor, anunció también que a la brevedad posible presentará un proyecto de ley destinado a entregar una "justa" reparación a las familias de las niñas asesinadas en Alto Hospicio, "por el daño moral causado por las autoridades y agentes del Estado", iniciativa sustentada tanto en el aspecto moral como en el económico, ya que "mucho más doloroso que perder al hijo, es lo que se les ha dicho. Mucho más doloroso para cualquier padre de este país es que digan que las hijas son prostitutas porque son pobres, porque eso es lo que ha pasado en este caso".
Por ello, Longueira subrayó que "resultan inaceptable los prejuicios y discriminaciones sociales a que fueron sometidas las familias de las víctimas por el hecho de ser personas pobres", y añadió que resulta inexplicable la "increíble falta de diligencia policial" para esclarecer los asesinatos.
En cuanto a lo sucedido en el caso McDonald's, el presidente de la UDI criticó duramente la actuación del Ministerio de Salud, del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (Sesma) y del Instituto de Salud Pública (ISP), puesto que, a su juicio, las conductas "confusas y erráticas" de estos organismos les hicieron perder credibilidad y confianza ante la opinión pública, ya que, "aunque resulte insólito, aún no sabemos si existe o no un problema de riesgo para la salud en la fiscalización efectuada", ello porque "lo que se dice un día, se modifica al día siguiente por las mismas autoridades".
Al respecto, Longueira fue categórico en que "existe una fundada sospecha, en la opinión publica, de que estamos en presencia de una poderosa conducta de tráfico de influencias", lo que requiere -insistió- una profunda investigación del Presidente de la República, una explicación "clara" de lo ocurrido y un cambio en la actitud del Gobierno, calificando lo ocurrido como situaciones propias de una nación "bananera".
"Lo que quieren los chilenos es que hayan sanciones que sean ejemplificadoras. Entonces, terminemos con que cada vez que hay un hecho grave siempre son los altos medios o la gente con menos posibilidades de defenderse la que asume las responsabilidades", afirmo Longueira, y añadió que en esta oportunidad debe ser el Presidente de la República, quien decida "cual es la autoridad política, la autoridad policial y aquellos que han tenido la mayor responsabilidad en estos hechos, para que asumamos, alguna vez, las consecuencias de las negligencias que se cometen en este país".
Añadió que lo ocurrido en Alto Hospicio y con la empresa McDonald's no refleja un error comunicacional del Gobierno, sino más bien un "desgobierno" por lo que se debería generar "un cambio profundo".
En cuanto a la posibilidad de volver a imponer la pena capital, a lo menos, para los casos de violación y asesinato, como plantearon los diputados de su partido Cristián Leay e Iván Moreira, Longueira manifestó que ello es "casi imposible" debido al Tratado de San José al que Chile suscribe y aclaró que, en su opinión, si el caso de Alto Hospicio se hubiera aclarado hace un año, "jamás se habría derogado la pena de muerte".
Asimismo, rechazó los dichos del senador Jorge Pizarro (DC) en torno a que por culpa de la derecha, que se niega a apoyar iniciativas tendientes a restablecer la dependencia de Carabineros al Ministerio del Interior, no se puedan encontrar las responsabilidades políticas del caso de Alto Hospicio, señalando que ése es un argumento "típico" de la Concertación para casos como éste y que "todos saben que es falso", añadiendo que "nosotros no vamos a caer en una politización del caso. El (Pizarro) sabe perfectamente que existen, en la institucionalidad, distintos mecanismos para sancionar a los responsables de estas situaciones".
En esta oportunidad, el timonel de la UDI se refirió también a la petición y posterior renuncia del defensor público, Alex Carocca, señalando que el país ha debido observar, "con asombro", que "por un hecho de corrupción, la segunda autoridad más importante en el nuevo Sistema Procesal Penal tiene que renunciar".
