Detención y juicios

    - 23 de noviembre: El ministro Sergio Muñoz decreta el embargo de todos los bienes de Augusto Pinochet.

    - 24 de noviembre: El juez Muñoz dicta una medida precautoria contra el ex Comandante en Jefe del Ejército por $2.500 millones, para asegurar el pago de multas si se comprueba que no declaró todos sus ingresos ni pagó los impuestos correspondientes por las cuentas en el Riggs.

    - 26 de noviembre: Junto a abogados querellantes, de la defensa y peritos, el juez que investiga el denominado caso Operación Cóndor analiza la entrevista sin edición concedida por el general (r) un canal de Miami en 2003.

    - 2 de diciembre: El pleno de la Corte de Apelaciones aprueba el desafuero del ex gobernante por su eventual responsabilidad en el asesinato del general (r) Carlos Prats y su esposa.

    - 3 de diciembre: La periodista Patricia Verdugo denuncia que el retirado militar recibió 6,8 millones de dólares por viajes efectuados al exterior en comisión de servicio, entre 1974 y 1976.

    - 7 de diciembre: El diario estadounidense "The New York Times" publica un artículo en el que se afirma que varios países le pagaron al ex uniformado US$ 12,3 millones en "comisiones por servicios y viajes al extranjero" desde 1974 a 1997.

    - 9 de diciembre: El Ministerio de Defensa descarta que esa cartera o la Subsecretaría de Guerra haya entregado al "New York Times" el documento en el que se sostiene que Augusto Pinochet recibió US$ 12,3 millones, en su calidad de gobernante y Comandante en Jefe del Ejército.

    - 13 de diciembre: El juez Juan Guzmán Tapia decide someter a proceso al general (r) en el caso Operación Cóndor.

    - 20 de diciembre: Por unanimidad, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones rechaza el argumento de la defensa del ex gobernante, en cuanto a su incapacidad procesal por razones de salud, para dejar sin efecto el encausamiento en su contra por el caso Operación Cóndor. El mismo día, una investigación realizada en la Subsecretaría de Guerra concluye que los documentos donde se afirmaba que Pinochet había recibido millonarios viáticos en sus viajes al exterior, son falsos.

    - 4 de enero de 2005: La Corte Suprema rechaza el recurso de amparo presentado por la defensa del retirado militar para revertir su procesamiento.

    - 5 de enero: El ex uniformado es notificado de su procesamiento y queda detenido en su parcela de Los Boldos, en Bucalemu (V Región). El mismo día, su hijo Marco Antonio entrega al juez Muñoz cuatro pasaportes sin foto "presuntamente extendidos con identidades diversas a la legal a Augusto Pinochet".

    - 6 de enero: El ministro Sergio Muñoz allana la oficina de Augusto Pinochet con el objetivo de buscar nuevos antecedentes sobre sus cuentas en el Banco Riggs.

    - 7 de enero: La defensa del ex Comandante en Jefe del Ejército presenta una queja disciplinaria en contra del juez Muñoz, acusándolo de aplicar medidas "coercitivas" y no "constitucionales" en su investigación, no sólo por el allanamiento, sino también por las medidas precautorias sobre dineros y bienes de Pinochet y su esposa.

    - 4 de octubre: El neurólogo Sergio Ferrer da cuenta del empeoramiento de la salud física y mental del general (r), sobre quien afirma que manifiesta una pérdida de "memoria absoluta" y que no puede mantenerse sentado.

    - 10 de enero: El juez Juan Guzmán accede a otorgar la libertad al ex gobernante, previo pago de una fianza de $2 millones.

    - 12 de enero: El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago rechaza el pedido de desafuero del retirado militar, solicitado por la jueza argentina María Servini de Cubría. El mismo día, Lucía Pinochet Hiriart recibe una carta del Banco de Chile confirmándole el cierre de la cuenta que desde hacía 35 años mantenía ahí. La medida se extiende a otros miembros de la familia y a la Fundación Pinochet.

    - 13 de enero: El ministro Sergio Muñoz despacha 11 cartas rogatorias a diferentes países, para solicitar información sobre las cuentas del ex uniformado y el origen de estos depósitos. Asimismo, el juez pide a las autoridades judiciales interrogar a personas, como agentes bancarios a cargo de dichas cuentas.

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