- 9 de octubre de 1998: Augusto Pinochet es operado de una hernia en la columna en la London Clinic, Inglaterra.

- 16 de octubre: El juez español Baltasar Garzón extiende una primera orden de detención contra el entonces senador vitalicio.

- 17 de octubre: El ex Comandante en Jefe del Ejército es notificado del arresto en su habitación de la London Clinic. El gobierno chileno presenta una protesta formal a la embajadora británica en Chile, Glynne Evans.

- 18 de octubre: El Foreign Office (Ministerio de Relaciones Exteriores británico) declara que el general (r) no goza de inmunidad, a pesar de su pasaporte diplomático. El Presidente chileno, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, exige desde España que se respete la legalidad internacional.

- 25 de octubre: En la Corte de Apelaciones de Londres se inicia el alegato por los recursos de "habeas corpus" y la petición para revisar la decisión de arresto del ex gobernante. La defensa de Pinochet, representado por el abogado Clive Nicholls, argumenta que los delitos invocados por la orden de arresto no constituyen crímenes extraditables en cuanto a que, frente a los hechos imputados, el retirado militar habría actuado como ciudadano chileno y en calidad de Jefe de Estado, razón por la cual gozaba de la inmunidad que el derecho internacional otorga a los mandatarios.

Por su parte, el fiscal Alun Jones enfatiza que la premura de la ejecución de la orden de arresto se justificaba dado el peligro de que el ex uniformado saliera del territorio británico antes de que ella pudiera entrar en vigencia. Concluye que la inmunidad correspondiente a un Jefe de Estado no se aplica en el caso de Pinochet, porque los actos que se le imputan no son compatibles con las funciones propias de un Presidente. "Los crímenes de tortura, la toma de rehenes y conspiraciones para asesinar están fuera de la definición de delitos cometidos en el ejercicio de las funciones de un Jefe de Estado", sostiene.

- 30 de octubre: La resolución de la High Court permite que Augusto Pinochet quede en libertad condicional. Se le quita su condición de arresto preventivo, pero es obligado a permanecer en Gran Bretaña hasta que la Cámara de los Lores vea su caso, en segunda instancia.

En tanto, en España, la Audiencia Nacional resuelve que los tribunales de ese país tienen competencia para juzgar violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chile.