La
primera muestra de respaldo hacia el nuevo gobierno provino de la Corte Suprema,
la que -representada por su presidente, Enrique Urrutia Manzano- recibió
la visita de la Junta un día después del pronunciamiento.
Por su parte, la Iglesia Católica sostuvo que le dolía la sangre de civiles y soldados que enrojecía las calles y pidió moderación frente a los vencidos y que no se aplicaran represalias.
En tanto, los partidos políticos opositores a Salvador Allende -Nacional, Demócrata Cristiano, Social Demócrata, Democracia Radical- emitieron declaraciones de apoyo y justificación por la intervención. En la DC, doce militantes suscribieron un comunicado en sentido contrario, pero dejando constancia de la responsabilidad que le cabía a la Unidad Popular (UP) en el quiebre institucional.
Restricción de libertades
Tres fueron los objetivos más apremiamentes que se impusieron los militares: dotar al país de una nueva institucionalidad, recuperar la economía y, sobre todo, pacificar a Chile, terminando con la acción armada de grupos violentistas.Una vez decretados el Estado de Sitio y la Zona de Emergencia, se permitió la circulación de algunos periódicos, "El Mercurio" entre ellos, y el funcionamiento de Canal 13 y algunas radios, todos con censura previa.