Gobierno

    Desde fines de la década del '70, el gobierno militar fue acusado de ilegítimo y de no respetar los derechos esenciales de las personas, debido a la represión sistemática que existió en contra de los opositores al régimen. Esta situación también generó tensión en las relaciones entre las autoridades y la Iglesia Católica, la que, bajo el mando del Cardenal Raúl Silva Henríquez, criticó abiertamente varios aspectos de la política del régimen.

    En este sentido, diversas cartas pastorales y declaraciones del prelado molestaron a Pinochet, a pesar de lo cual éste siempre expresó en forma reiterada su respeto por la Iglesia.

    La visita a Chile del Papa Juan Pablo II en abril de 1987, sirvió al general para destacar ante el mundo su afán de acercamiento a la Iglesia, aunque también se utilizó para acentuar las críticas al régimen por parte de sus opositores.

    Condena internacional

    Pero no sólo los oponentes al régimen militar vieron afectadas sus garantías. Tres hechos complicarían al Gobierno durante sus primeros años.

    El primero es la muerte del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, Argentina, el 29 de septiembre de 1974, a consecuencia de una bomba instalada en su automóvil.

    Un segundo hecho que comprometió al régimen fue el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, en junio de 1976. Su cuerpo, torturado y estrangulado, fue encontrado en un canal el 16 de julio. Su muerte ocurrió en manos de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

    El asesinato del ex Canciller Orlando Letelier del Solar en Washington DC, Estados Unidos, el 21 de septiembre de 1976, en el que también estuvieron involucrados agentes de la DINA, dificultó aún más el panorama del Gobierno en cuanto a las garantías fundamentales.

    Estos hechos sumados a los testimonios de ex detenidos y exiliados del gobierno militar, influyeron directamente en la durísima condena aprobada en diciembre de 1977 por la Organización de Naciones Unidas (ONU), debido al "incumplimiento de promesas del Gobierno chileno de que mejoraría la situación de los derechos humanos".

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