La titular de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien lidera el Comité de Ministros, sostuvo que se decidió "ratificar la decisión del Comité de Evaluación Ambiental del año 2016, que aprobó la realización del proyecto El Peñón por cumplir ese con toda la legislación vigente en nuestro país".
Schmidt señaló que el Comité revisó la resolución de los 15 órganos públicos que participaron de la evaluación del proyecto. "Todos los servicios públicos competentes han entregado su conformidad al proyecto, con las medidas de mitigación que han impuesto a éste", explicó.
Mayores restricciones
De todos modos, la secretaria de Estado anunció que el Comité estableció mayores imposiciones a la empresa "para dar mayor tranquilidad a los vecinos y a la ciudadanía".
Así, se contemplan restricciones a la circulación de camiones, como el flujo máximo que será de 3 camiones por hora, sólo en horario valle para el acceso sur del centro de distribución, y también la prohibición total de que transiten por el camino El Barrancón, que es "una de las mayores preocupaciones de los vecinos del sector".
Además, se estableció que todos los camiones serán monitoreados durante su trayectoria a través de GPS.
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También, la empresa tendrá la obligación de reportar a las autoridades mensualmente el cumplimiento de estas medidas, cuya información, según la ministra, estará disponible en línea para que los vecinos de la comuna puedan revisarla. Sostuvo que la entidad decidió rechazar la reclamación de la empresa sobre este tema.
En la misma línea, la empresa está obligada a "tener todas las medidas de mitigación vial recibidas y ejecutadas antes de que pueda entrar un solo camión al centro de distribución", añadió la titular de Medio Ambiente.
Consultada por la sugerencia que habría hecho a la alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, de contratar abogados, la secretaria de Estado afirmó que "la institucionalidad de nuestro país se ha cumplido en el proceso de evaluación y aquí los tribunales ambientales, ante cualquier reclamación, es el procedimiento establecido en nuestra normativa y que todos debemos cumplir".
La secretaria de Estado añadió que hay un plazo de 30 días para cualquier reclamación ante tribunales ambientales.
