SANTIAGO.- Esta semana el Gobierno sorprendió y anunció que presentará
una indicación a su proyecto de adaptabilidad laboral, que incluye una modificación a la duración de la jornada semanal, la cual pasaría de 45 horas a
41 horas en promedio.
La noticia surgió en medio de la arremetida de diferentes parlamentarios de la oposición, liderados por la diputada comunista Camila Vallejo, que realizan en función de promover un proyecto que busca reducir la jornada semanal a 40 horas, una menos que lo que postula el Ejecutivo.
Si bien ambos proyectos contemplan la reducción de horas de trabajo, las principales diferencias se dan con el tema de flexibilidad y la gradualidad en el tiempo a implementar la rebaja, pues en el proyecto de Vallejo se estipula una gradualidad de tres años, mientras que en el Gobierno estarían pensando que su iniciativa no se podría implementar en menos de cinco años.
Y es precisamente este punto el que ha generado debate entre los expertos, esto porque mientras algunos plantean que se debería ser gradual, dependiendo en el tamaño de empresa, otros consideran como un plazo correcto un periodo de tres años.
"Cinco años me parece un plazo exagerado, tres años fue lo que se hizo en la versión anterior. La última vez que se rebajó la jornada en Chile se hizo en tres años y no hubo ninguna catástrofe, ninguno de los cantos apocalípticos se cumplió y por lo tanto parece razonable repetir la fórmula que tuvo éxito antes. Parece razonable volver a utilizarla", indicó a Emol el abogado laboralista y académico de la UDP José Luis Ugarte.
Por su parte, el académico de la Facultad de Administración y Economía de la U. de Santiago, Raúl Berríos, aseguró que "el análisis tiene que ser hecho desde el punto de vista de las empresas que podrían necesitar más tiempo para ajustarse, y en ese sentido quizás las Pymes podrían necesitar un tiempo un poco más prolongado, mientras que las grandes empresas, que pueden administrar de mejor manera su personal y sufren menos por lo que pueda significar la reforma, van a necesitar menos tiempo".
"La última vez que se rebajó la jornada en Chile se hizo en tres años y no hubo ninguna catástrofe, ninguno de los cantos apocalípticos se cumplió y por lo tanto parece razonable repetir la fórmula que tuvo éxito antes"
José Luis Ugarte, Abogado Laboralista
En ese sentido, agregó que "más que un plazo general para todo tipo de empresas, quizás debería ser un plazo diferenciado para los tipos de empresas, Pymes 'versus' grandes empresas".
En la misma línea se mostró la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Carmen Elena Domínguez, quien argumentó que para saber el tiempo estimativo en el que se deberían implementar los proyectos, era necesario estudiar una serie de factores.
"Preguntarse por la gradualidad adecuada es imposible desde el punto de vista meramente especulativo, me parece que es necesario estudiar concretamente las características de nuestra economía, las condiciones laborales y productivas que tenemos, y a partir de ello, definir cómo esta reducción de la jornada ordinaria de trabajo, podría mejorar la calidad de vida y el desarrollo del país", dijo.
De hecho, el ex ministro de Hacienda del Gobierno de Michelle Bachelet Rodrigo Valdés, calculó que la baja de 45 a 40 horas sin cambios salariales "equivale a un aumento del 11% del costo laboral". Cifra que el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alfonso Swett, aterrizó el lunes pasado como "una pérdida de 177 mil puestos de trabajo" si es que dicha rebaja no se hiciera de forma gradual.
La flexibilidad laboral es otro punto que diferencia ambas iniciativas, lo que ha sido defendido por el Gobierno, mientras que el proyecto de Camila Vallejo no lo contempla.
Así lo manifestó el día jueves el ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg, quien indicó que "aquí no está en juego la rebaja de jornada, lo que sí está en discusión y con lo cual nosotros estamos comprometidos es que esa rebaja de jornada se haga bien, de manera responsable y en favor del empleo y no para destruir empleo", haciendo referencia a la importancia que tiene para el Ejecutivo la implementación de la flexibilidad laboral.
