Tras un discurso de poco más de cinco minutos, el Presidente, Sebastián Piñera, promulgo esta tarde la ley de protección de empleo, iniciativa recientemente despachada del Congreso y que busca paliar los efectos que está teniendo sobre los trabajadores del país la pandemia de covid-19.
"El coronavirus, la peor amenaza que ha enfrentado el mundo y Chile en los últimos 100 años, está afectando a nuestra salud, y también, nuestros empleos e ingresos, nuestras pymes y nuestra economía. Durante esta crisis, y por razones válidas, muchos chilenos no han pedido trabajar con normalidad y muchos temen perder sus empleos", partió señalando el Mandatario.
Ante esto, dicha ley permite que los trabajadores afiliados al seguro de cesantía puedan hacer uso de éste cuando vean afectadas o dejen de recibir remuneraciones por suspensión contractual por efectos de la emergencia. Beneficio que será financiado primero por el fondo individual de cada trabajador y luego, de ser necesario, por el fondo solidario del mencionado seguro.
"En estas circunstancias, los trabajadores afectados que cumplan con ciertos requisitos y durante el período en que no puedan trabajar, recibirán un beneficio equivalente al 70% de su remuneración durante el primer mes, porcentaje que se irá reduciendo gradualmente", expuso Piñera.
En el caso de se extienda la declaración de catástrofe por parte de la autoridad más de 30 días, los giros serán de 55% y 45% para los meses siguientes.
Además, añadió, "la ley sube los pisos de ingresos del beneficio del seguro de cesantía, para proteger mejor a los trabajadores de más bajos ingresos. Durante este periodo, el empleador deberá pagar las cotizaciones previsionales y de salud, cotizando por un 50% de la remuneración".
Para acceder a esta opción, los trabajadores deberán contar con tres cotizaciones continuas en los últimos tres meses anteriores al acto o declaración de la autoridad. Asimismo, podrán acceder aquellos trabajadores que registren un mínimo de seis cotizaciones mensuales continuas o discontinuas durante los últimos doce meses, siempre que a lo menos registren las últimas dos cotizaciones con el mismo empleador en los dos meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad.
Asimismo, durante el período en que se prolongue la suspensión del contrato, los empleadores no podrán efectuar despidos, salvo bajo la causal de necesidades de la empresa.
Junto con eso, la nueva ley permite que, durante los 10 meses de entrada en vigencia, los empleadores y trabajadores puedan pactar una reducción de jornada laboral en hasta 50%, compensando el 25% de la disminución de remuneración con los recursos del seguro de cesantía.
"En caso de que la reducción de jornada sea del 50%, el empleador pagará el 50% de la remuneración, el seguro de desempleo pagará un 25% adicional y el trabajador recibirá el 75% de su remuneración original", explicó el Presidente, añadiendo que "cuando la reducciones de jornada sean menores, el complemento pagado por el seguro de desempleo se reducirá proporcionalmente".
Este complemento tendrá un límite máximo mensual de $225.000 por cada trabajador y se financiará con cargo a la cuenta individual y, agotada esta, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
La iniciativa, cuyos beneficios se aplicarán con efectos retroactivos para aquellos trabajadores que ya han visto perjudicadas sus remuneraciones a raíz de la crisis, ayudará, según cálculo de La Moneda, a cerca de 4 millones y medio de trabajadores asociados al seguro de cesantía, y el fisco inyectará US$2 mil millones al fondo solidario del seguro en la medida que esto sea requerido.
La ley promulgada este miércoles forma parte del plan del Gobierno para hacer frente a los efectos del coronavirus por un total de US$11.750 millones.
