La congelada discusión por la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 semanales reflotó este viernes luego de que la Comisión Nacional de Producitividad (CNP) diera cuenta de los resultados finales del informe solicitado por el Presidente,
Sebastián Pinera, respecto a los efectos que tendría concretar aquello.
Así, según la CNP, se confirman las conclusiones de la primera versión que se entregó en noviembre de 2019 al gobierno y se presentó ante el Congreso: la medida provocaría caída en los salarios, reducción en el crecimiento del PIB y de la productividad.
El documento final incorpora secciones relativas a experiencias internacionales y estimaciones de impacto complementario, y revalida que "una reducción en la jornada semanal ordinaria de 45 a 40 horas" produciría una reducción en torno al 5% en las horas anuales efectivamente trabajadas en promedio por persona.
También provocaría, de acuerdo al informe, "una caída en los salarios mensuales reales en el rango de 0,5% a 5,5%", a la vez que reduciría "el crecimiento del PIB anual en 0,5% y 1,5%" y disminuiría el crecimiento anual de la productividad entre 0,1% y 0,4%, generada por la reasignación del empleo. Además, elevaría el incremento anual del stock de capital entre 0,1% y 0,2%, "presumiblemente sustituyendo el factor trabajo que se encarece en términos relativos".
Progreso económico igual a jornadas más cortas
En el resumen ejecutivo del documento se subraya que "las personas valoran tanto el ingreso como el tiempo libre, por lo que -junto al aumento en los ingresos- el progreso económico implica también jornadas laborales más cortas y una reducción en el total de horas trabajas al año. La evidencia internacional confirma esta relación".
"Entre los países de la OCDE el PIB per cápita real subió de 37.000 dólares anuales en 2000 a cerca de 46.000 en 2018, mientras que las horas trabajadas por semana bajaron de 39 a 37,7. En Chile, entre 1990 y 2018, el ingreso per cápita pasó de 9.500 a 25.100 dólares anuales, la jornada semanal efectiva bajó de 49 a 41,3 horas y las horas totales trabajadas al año de 2.422 a 1.941", aseguró la CNP.
Así, el estudio señala que "considerando la relación, si el ingreso per cápita chileno creciera al 2% (cerca de 3% de crecimiento para el PIB, equivalente al promedio de la última década), estimamos que estaríamos trabajando 40 horas semanales en 2028 y las 37,7 horas que trabaja la OCDE hoy en 2047", y de crecer menos, esto se tardaría más en alcanzarse.
"Mejorar nuestra productividad -para aumentar el crecimiento económico- resulta determinante en generar condiciones que permitan acceder a mayor tiempo libre", recalcó.
En particular, en el informe se analizó las reformas francesa, portuguesa y alemana. "Se trata de experiencias muy ilustrativas para nuestro país".
Metodología y análisis comparativo
Para estimar los posibles efectos de una reducción de jornada por la vía legal, la CNP se hizo un análisis microeconométrico del impacto de la reducción de la jornada laboral legal de 48 a 45 horas en Chile, anunciada en 2001 e implementada en 2005. Se encontraron efectos diferenciados según la jornada laboral de la persona bajo análisis. Así, aquellos que trabajaban más de 45 horas a la semana tuvieron un impacto negativo en el empleo y los salarios, mientras que quienes trabajaban menos de 45 horas tuvieron un impacto positivo sobre el empleo.
Además del estudio microeconómico a nivel de personas, se efectuó un análisis de los impactos macroeconómicos de la reforma de 2005. Estas estimaciones tienen un nivel de incertidumbre mayor que las obtenidas con datos microeconómicos, porque se presentan rangos de impacto. Se estimó que, por cada 1 hora de reducción en la jornada laboral legal, las horas trabajadas efectivas caen en 0.4 horas.
La conclusión del informe sugiere que una reforma que limite por ley el número máximo de horas de jornada semanal por debajo de las 45 horas actuales tendría perdedores y ganadores.
Paradojalmente, los perdedores, a quienes la medida afectaría negativamente, son aquellos trabajadores a quienes la reforma busca beneficiar, es decir, aquellos que trabajan más de 40 o 41 horas semanales, según el informe. Para estos aumentaría la probabilidad de estar desempleados, volverse inactivos y les bajaría el salario real.
Este grupo sería reemplazado en sus empleos por otros trabajadores, que serían beneficiados por la reforma, en especial, aquellos actualmente empleados, pero en jornadas bajo el nuevo límite legal, desempleados e independientes. Esto sugiere que una reforma como la propuesta requiere de un profundo análisis para evaluar su impacto y de un diseño que minimice potenciales efectos negativos.
