La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, enfatizó este viernes en la importancia de que las empresas hagan buen uso de la ley de protección al empleo en medio de la pandemia covid-19, y se refirió a las críticas que han recaído sobre aquellas que han repartido utilidades, pese a solicitar ayuda del Gobierno o haberse acogido a la normativa transitoria.
La secretaria de Estado indicó desde La Moneda que "estamos viviendo momentos difíciles en lo que el trabajo se refiere.
Hemos visto cómo las cifras de desempleo han aumentado, hemos visto cómo las tasas de solicitud en el seguro de cesantía han aumentado, así como también la ley de protección al empleo, que significa una solución para muchos trabajadores. Cerca de medio millón de trabajadores en nuestro país que hoy en día tienen sus relaciones labores suspendidas".
Consultada sobre las cifras de desempleo que se manejan, la secretaria de Estado indicó que los datos emanados desde el INE sólo entregan dos semanas de la crisis provocada por la pandemia, "por lo tanto, debiera suponer que, en la medida que vayamos teniendo data que nos permitiera considerar el mes de abril completo, estos datos debieran ir al aumento".
Ante esto, recordó que la ley de protección al empleo es "una herramienta que nos está permitiendo proteger puestos de trabajo. Lo que nosotros esperamos, es que en vez de que haya un mayor número de desvinculaciones, tengamos un mayor número de empresas que se acojan a esta ley y de esta manera podamos tener más trabajadores protegidos en cuanto a sus ingresos y en cuanto a su protección en materia de seguridad social".
Repartición de utilidades
Zaldívar también comentó sobre empresas que se han acogido a la ley de protección al empleo o que han pedido ayuda económica al Estado, sin embargo, han repartido utilidades entre sus accionistas.
Tal es el caso de Cencosud, que se acogió a la normativa transitoria, con la multitienda "Paris", y a Latam, que pidió ayuda al Gobierno y que propuso un plan de retiro a un grupo de trabajadores.
"Como ministerio del Trabajo hemos señalado que nos parece que las empresas que se acojan a la ley de protección al empleo deben ser empresas que estén teniendo problemas y que, por lo tanto, si ellas no se han visto afectadas en sus ingresos no debieran de acogerse a la ley de protección al empleo", enfatizó.
30%de sus utilidades son las que, al menos, deben repartir las empresas según la ley de sociedades anónimas
En esa línea, la secretaria de Estado agregó que "nos parece que la señal de distribuir utilidades que vayan más allá de lo que la ley establece como obligatorio, es una señal que es absolutamente contraproducente y que, debiera entonces analizarse si efectivamente cumplían con los requisitos para acogerse a la ley de protección al empleo".
Pese a ello, Zaldívar enfatizó en la necesidad de "analizar los antecedentes en su totalidad", recordando que la ley vigente "establece la obligación de las empresas de repartir el 30% de sus utilidades, y esto de acá es en beneficio de los pequeños acciones, para evitar que los grandes accionistas puedan impedir que quienes son accionistas minoritarios puedan recibir dividendos que, muchas veces, son su única fuente de ingreso".
"No nos parece correcto que una empresa que no se está viendo afectada se acoja a la ley de protección al empleo porque esta es una ley que busca darle una solución a los trabajadores de empresas que, de otra manera no serían viables. Pero, tenemos que tener todos los antecedentes sobre la mesa al momento de dar una opinión", agregó.
Latam responde a críticas
La aerolínea Latam emitió este viernes un comunicado en respuesta a las críticas recibidas en redes sociales, precisamente, en torno a la distribución de utilidades de 2019 a sus accionistas, las que sumaron más de US$57 millones.
En el texto de cuatro puntos, señalan que "el 16 de abril de 2020, el Directorio de Latam Airlines Group informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que era de la opinión de diferir la distribución del dividendo mínimo con cargo a utilidades del ejercicio 2019, por ser imperativo. El parecer del Directorio responde a las graves consecuencias que la pandemia de covid-19 tiene sobre la salud de la población, la economía mundial y la industria aeronáutica".
Agregan, en segundo lugar, que esta decisión "debía ser adoptada en la Junta Ordinaria de Accionistas del 30 de abril de 2020, que según el artículo 79 de la ley de Sociedades Anónimas, requiere el voto unánime de las acciones emitidas por la compañía para aprobarse".
En tercera instancia, plantean que "aun cuando la recomendación del Directorio a la Junta de Accionistas fue apoyada por más del 90% de los votos de los accionistas presentes, no se alcanzó la unanimidad establecida por la normativa, por lo que se debió rechazar el diferimiento de la distribución del dividendo mínimo correspondiente al año 2019".
Por último, dicen, "en consecuencia, por ley, la compañía está obligada a distribuir el dividendo mínimo".
