Los ministros de Segpres, Felipe Ward, de Desarrollo, Sebastián Sichel, y la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.
Aton
SANTIAGO.– Cerca las 15:00 horas de este lunes, el Gobierno envió al Congreso finalmente un veto para sacar adelante la ley de ingreso familiar de emergencia. Esto luego de que el contenido del proyecto fuera rechazado en el Congreso, específicamente en lo que se refería al monto del bono, en medio de la insistencia de la oposición por aumentar el beneficio.
Según señalaron desde La Moneda, se trata de un veto de carácter aditivo y sustitutivo, el cual ingresó por la Cámara donde se verá mañana martes, mientras que el miércoles se haría lo propio en el Senado.
"Dichas adiciones y sustituciones introducidas tienen diversos objetivos. El primero, es focalizar de mejor manera la entrega del beneficio. El segundo, es aumentar el número de beneficiarios incorporando un nuevo grupo de estos en razón a su rango etario y vulnerabilidad socioeconómica", se lee en el texto enviado al Congreso.
Al respecto, el ministro de la Segpres, Felipe Ward comentó que "el Gobierno ingresó un veto para poder seguir tramitando, para poder finalmente sacar del Congreso este proyecto de ingreso familiar de emergencia de manera de poder entregar este beneficio lo antes posible".
"Ustedes conocen muy bien cuáles han sido las dificultades que hemos encontrado en el camino, cuáles han sido los escollos que hemos encontrado en la tramitación, tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado, y en virtud de lo que ha ocurrido es que el Gobierno presenta este veto que es aditivo y sustituto de forma de dar continuidad a esta decisión", explicó Ward.
En esa línea, el ministro hizo "un llamado a los parlamentarios a que comprendan que es la última oportunidad procesal para que este beneficio vea la luz. Si el veto se rechazara sería gravísimo y creo que nadie esta poniéndose en ese lugar, de forma de explicarle a 4,5 millones de personas que no se va a entregar este beneficio, porque hubo diferencias políticas".
Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, apuntó que "el tiempo que ha durado esta discusión ha sido innecesario para la ayuda que es urgente (...) Este veto además mantiene el equilibrio fiscal y mantiene el gasto que habíamos comprometido que es el más grande que se ha hecho en transferencias directas a las personas después de la Pensión Básica Solidaria".
Con ello, precisó que "se incorporan dos cambios que buscan proteger a los ciudadanos, todas las personas que viven de ingresos informales hasta el 60% del Registro Social de Hogares reciben exactamente el mismo beneficio. Y segundo, aquellos mayores de 70 años que por las reglas del ingreso pudieran quedar excluidos por el hecho de vivir solos son incorporados en el beneficio, los adultos mayores que tienen Pensión Básica Solidaria siempre pueden ser beneficiarios de este beneficio si viven con otras personas".
"Como Gobierno nunca trabajamos pensando en qué pide o no pide la oposición, si no más bien trabajamos pensando en qué y cómo podemos responder más rápidamente a la ciudadanos", acotó Sichel, añadiendo que la crisis puede ser más larga por lo que hay que ser responsables.
Según el ministro el llamado es a la unidad, "al actuar con celeridad y sentido de urgencia y tercero, estar más preocupados del rédito político de lado y lado, de ver cómo somos capaces de responder urgentemente a los ciudadanos, no es el tiempo de los gallitos políticos y empezar el tiempo de la confianza en las instituciones".
