SANTIAGO.- "
El sistema actual de AFP tiene grandes problemas que requieren profundos cambios para lograr verdaderas soluciones", dijo el Presidente Sebastián Piñera tras anunciar que había mandatado a los ministros de Hacienda y Trabajo para buscar un "gran acuerdo nacional" en torno a una reforma previsional.
De acuerdo al Mandatario, se trata de "una cirugía mayor" y estructural, la cual "ya comenzó con el proyecto que enviamos al Congreso que incorpora mayor competencia, eficacia y transparencia, y mayor participación de los trabajadores en la administración de sus fondos de pensiones".
Así, en medio de días clave, donde el Congreso vota respecto al proyecto que busca que los afiliados puedan retirar el 10% de sus ahorros previsionales para enfrentar la pandemia, el Gobierno buscará avanzar en un sistema mixto, financiado a través de tres pilares y que tenga un componente solidario.
De reimpulsarse la reforma que actualmente está alojada en el Senado y efectivamente llevarse a cabo, sería la tercera vez que la estructura actual del sistema de pensiones chileno es objeto de cambios sustanciales.
De 1980 al 2002
Antes de que en noviembre de 1980 se promulgaran los Decretos Ley 3.500 y 3.501 que crearon a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en Chile existía un sistema de 35 cajas donde los trabajadores cotizaban de acuerdo al sector productivo en el cual se desempeñaban.
Básicamente funcionaban bajo la lógica de un sistema de reparto, donde la imposición de las personas activas se destinaba, según la caja, al pago de la pensión de los jubilados. Sin embargo, no ofrecían el mismo servicio previsional a todos los afiliados, existía un sinnúmero de condiciones especiales para diferentes grupos y, en total, llegaron a existir 200 regímenes previsionales distintos.
El sistema cambió drásticamente en 1981 -aunque muchas cajas siguieron existiendo- cuando se pasó a un sistema de capitalización individual que se conoce hoy, donde la cotización del 10% del salario bruto es obligatorio para todos los trabajadores dependientes.
Con dichos dineros, una AFP tendría el rol de administrar los montos para generar rentabilidades a través de la inversión mediante instrumentos financieros. Todo, bajo la supervisión de la Superintendencia de Pensiones y una serie de reglamentos constitucionales.
El sistema creado por el entonces ministro del Trabajo, José Piñera, no fue interferido en ninguna de sus aristas hasta 2002, cuando en el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar se promulgó la ley que creó los multifondos que se utilizan en la actualidad (A, B, C, D y E).
En ese momento habían 6 millones de personas afiliadas al sistema de AFP en Chile (hoy son poco más de 11 millones) y la medida amplió los fondos de inversión existentes de dos a cinco, diferenciados por riesgo de acuerdo a la proporción de su portafolio invertido en títulos de renta variable.
El proyecto de los multifondos fue enviado al Congreso formando parte de la llamada Reforma al Mercado de Capitales I anunciada en abril de 2001 durante el Gobierno de Ricardo Lagos.
"El nuevo sistema permitirá a los afiliados definir, sobre la base de sus necesidades específicas y preferencias, la forma en que serán invertidos sus ahorros previsionales. Esta nueva modalidad introducirá mayor flexibilidad al sistema, permitiendo que se consideren variables como la edad del afiliado y los años que le restan para jubilar, aspectos que reflejan el tiempo que el afiliado tiene para recuperarse de los periodos en que sus ahorros previsionales generaron bajos retornos", dice el comunicado gubernamental de la época.
Al mismo tiempo, "se espera que con la creación de este esquema se incrementará el valor esperado de las pensiones que obtendrán los afiliados, puesto que las estimaciones realizadas muestran que la posibilidad para acceder a distintas carteras de inversión durante su vida activa, le permitirá acumular un mayor saldo en su cuenta individual, lo que va en directo beneficio de su pensión".
La reforma del 2008: el Pilar Solidario
Para la gran mayoría, esta es la única y gran reforma que se le ha hecho al sistema de pensiones en Chile, cuando en 2008 el Gobierno de Michelle Bachelet creó el Pilar Solidario. Medida que se impulsó tras recibir las recomendaciones de la comisión Marcel (nombre que recibió por estar presidida por Mario Marcel, actual presidente del Banco Central).
De esta manera, a través de la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario, el Estado se hizo cargo de las personas más vulnerables del país que no reciben jubilación o para complementar las pensiones más bajas. Así, el sistema quedó conformado por tres pilares: Pilar Solidario (financiado por el Estado), Pilar Contributivo obligatorio (10% a las AFP) y Pilar Constributivo voluntario (APV y otros mecanismos de ahorro).
"Con la reforma previsional no gana este grupo o aquel otro, sino Chile en su conjunto. Ganan, desde luego, los cientos de miles de pensionados que ahora recibirán una pensión más digna, o que ahora recibirán una pensión que antes no recibían, a los cuales les decimos que Chile valora el esfuerzo de sus vidas"
Michelle Bachelet, 11 marzo 2008
Actualmente existe la Pensión Básica Solidaria de Vejez y de Invalidez, además del Aporte Previsional Solidario de Vejez y el de Invalidez. Para poder acceder a ellos se requiere ser del 60% más pobre de la población y tener más de 65 años para los beneficios de vejez y entre 18 y 65 para los de invalidez.
En la reforma de 2008, también se estableció la entrega del bono por hijo y, para otorgar mayor competencia al sistema, se aprobó que los nuevos trabajadores serán asignados, por hasta 24 meses, a la AFP que ofrezca la menor comisión en una licitación previa hecha entre las administradoras.
Asimismo, se creó el Instituto de Previsión Social y se le otorgaron facultades fiscalizadoras a la Superintendencia de Pensiones para "resguardar el correcto funcionamiento del sistema, incluida la posibilidad de designar un inspector delegado que resguarde la seguridad de los Fondos de Pensiones ante eventos que los pongan en riesgo".
Cabe recordar que a fines del año pasado, tras el estallido social del 18 de octubre, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto para aumentar las pensiones básicas solidarias que fue aprobado por el Congreso y que beneficia a cerca de 1,6 millones de personas.
2015: Comisión Bravo
Durante el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet, se formó una segunda comisión de expertos para avanzar en modificaciones al actual sistema de pensiones:
la comisión Bravo, liderada por el economista David Bravo, la cual elaboró en casi un año y medio de trabajo un total de
58 propuestas. Sin embargo, por descoordinaciones políticas en el bloque oficialista, el informe no culminó con un proyecto de ley.
La instancia, que fue conformada tanto por expertos nacionales e internacionales, primero que todo se inclinó por dos sistemas, rechazando de plano un sistema de reparto (ver abajo los motivos). Es así que dos propuestas se llevaron la mayor parte de la preferencias de los comisionados:
A: Mantener el actual sistema de pensiones, pero reforzando el sistema de pensiones solidario integrado por el sistema de ahorro individual. Un total de 12 comisionados apoyaron esa opción, incluyendo David Bravo, presidente de la instancia.
B: En tanto, 11 comisionados señalaron que para poder resolver los problemas del sistema era necesario adicionalmente hacer una reforma de carácter mas estructural, proponiendo un sistema mixto (tripartito) donde una fracción de los ahorros de las personas van a un sistema de cuentas nacionales.
Entre algunas de las propuestas específicas destacaron la idea de que se incrementaran las tasas de cotización desde 10% a 14% con cargo al empleador, donde una fracción de esa comisión debería ir a un fondo solidario. Asimismo, se propuso la igualdad de género e igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres en los 65 años.
El proyecto de reforma actual
La actual reforma al sistema de pensiones se discute en el Congreso desde noviembre de 2018. Fue el ministro del Trabajo de ese entonces, Nicolás Monckeberg, quien la impulsó desde su inicio expresando: "Chile, hasta ahora ha sido un país serio en la forma cómo ha administrado en general sus cambios al sistema de pensiones. Así fue la primera reforma del Gobierno de la Presidenta Bachelet y así va a ser ahora".
Si bien una primera parte de dicha reforma fue aprobada recientemente al aumentar el monto y cobertura del Pilar Solidario, una segunda queda pendiente: la del aumento de la cotización y la creación de un ente estatal. Acelerar esa discusión será tarea de Briones y Zaldívar, según declaró el Presidente.
La reforma propone la creación de un Comité de Afiliados, que tendrá como objetivo asegurar la participación de un afiliado en el directorio de cada AFP, y la conformación de una Intendencia de Protección de Derechos de los Afiliados en la Superintendencia de Pensiones.
La iniciativa, después de sus últimas indicaciones hechas en enero de este año y tras el 18 de octubre, contempla aumentar de 10% a 16% la cotización individual, siendo este extra de 6% con cargo al empleador de forma gradual y administrada por una nueva "agencia" pública, dejando fuera de esto a las AFP.
Dicho aumento de 6% de las cotizaciones tendrá un carácter mixto: 3% irá directo a la cuenta de capitalización individual con el objetivo de mejorar la pensión futura del trabajador, y el otro 3% irá a un fondo de ahorro previsional solidario.
También se permitiría que, en casos excepcionales, como enfermedades terminales, se recalcule la expectativa de vida del jubilado y se le permita que retire en forma anticipada parte de sus ahorros previsionales
Asimismo, el proyecto incorpora cambios y modernizaciones al sistema actual de AFP, con el cual se busca abrir la industria a nuevos actores, como sociedades sin fines de lucro o cooperativas de afiliados. Junto con eso, las administradoras deberán devolver a las cuentas de ahorro de los cotizantes parte de las comisiones cobradas, cuando la rentabilidad de los respectivos fondos sea negativa.
