El Banco Central presentó ayer el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) correspondiente al segundo semestre de 2020, en donde expuso su inquietud sobre proyectos que están siendo debatidos en el Congreso y que, a ojos del ente rector, podrían tener efectos a largo plazo no deseados sobre el mercado financiero. Uno de ellos, el permitir a los afiliados, por segunda vez, retirar el 10% de sus fondos de pensiones.
Tras publicado el informe, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, lo presentó ante la comisión de Hacienda del Senado, instancia en la que destacó que, pese a todas las dificultades, la economía chilena "ha sido capaz de responder en una buena forma" al shock provocado, primero, por la crisis social, y luego profundizado por la llegada de la pandemia de covid-19 en marzo.
Así, en el caso de las empresas, subrayó que las medidas de acceso a crédito se activaron rápidamente, evitando las "quiebras masivas" propias de una recesión, mientras que, en los hogares, "si bien el apoyo llegó con un rezago algo mayor, han sido significativos y han evitado que se vean afectados por la contracción del crédito de consumo importante que ha habido en este periodo".
Para lograr esto, resaltó que tanto el Central, como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Ministerio de Hacienda, han tenido que ponerse "creativos e innovadores en término de medidas que hemos adoptado". Pero a partir de ahora, dijo, "podemos decir que los caminos se bifurcan". Es decir, "si las cosas siguen evolucionando de manera positiva", de la mano del desconfinamiento gradual y la normalización de las actividades, las empresas y personas podrán cumplir con las deudas tomadas durante este tiempo, dejando atrás la posibilidad de problemas de gran envergadura en el sistema financiero.
"Sin embargo, también hay escenarios en que las cosas pueden salir mal", advirtió Marcel, donde no solo podría ser perjudicial que la crisis sanitaria y el efecto sobre la actividad se prolonguen, sino que también se suma "el riesgo de que tengamos efectos sobre el sistema financiero que provienen de reformas legales que hoy día estamos discutiendo".
"Tenemos que reconocer que hoy día discutimos cosas que, teniendo un impacto en el corto plazo, también pueden tener influencia de largo plazo, y algunas de ellas no necesariamente positivas", recalcó, y enumeró seis proyecto que tramita el Congreso y que el Banco Central mira con especial preocupación.
Segundo retiro del 10%
La reforma constitucional para permitir un nuevo retiro de los ahorros previsionales es una de las iniciativas que preocupa al ente emisor por los eventuales problemas a largo plazo que podría traer a la economía nacional. "Retirar fondos previsionales significa reducir el ahorro de los trabajadores (...). Una economía para crecer y no depender exclusivamente del financiamiento externo, tiene que tener ahorro doméstico", dijo, recalcando que retirar pensiones, "en el largo plazo, implica reducir ahorro, reducir las pensiones futuras y agrega más obligaciones fiscales".
"Tenemos que tener claro que el retiro de ahorros previsionales es en el fondo poner liquidez a disposición de los afiliados del sistema a cambio de reducir sus activos previsionales de largo plazo. Se combinan estos elementos de necesidades más inmediatas con los efectos de más largo plazo", los que "no son menores desde el punto de vista de la macroeconomía y la estabilidad financiera", afirmó.
La Sala de la Cámara de Diputados aprobó el martes el segundo retiro logrando más de 2/3 del apoyo de los parlamentarios, destacando el amplio respaldo oficialista que logró el proyecto, pese reiterado rechazo del Gobierno. Así, el viernes, la reforma iniciará su discusión en el Senado.
La idea es similar a la del primer retiro: permitir a las personas sacar un mínimo de 35 UF y hasta 150 UF. El afiliado cuyo 10% sea inferior a 35 UF, podrá retirar hasta ese monto, mientras que quien tenga menos de 35 UF en su cuenta, podrá sacar la totalidad de sus ahorros previsionales.
Además, la medida tiene un carácter universal, es decir, todos quienes tengan saldo en fondo de pensión podrán hacer uso del beneficio libre de impuestos, ya que la indicación que obligaba quienes retirarán y tuvieran una renta promedio de los últimos 12 meses igual o superior a $2,5 millones, fue eliminada en la discusión en Sala.
A diferencia del primero, este nuevo retiro -según como fue despachado al Senado- será pagado en una sola cuota por la respectiva AFP, además se estableció un mecanismo para que, de forma voluntaria, quienes hagan uso de la medida, puedan reintegrar los fondos utilizados.
Retiro para quienes estén bajo modalidad de rentas vitalicias
Otra iniciativa que para el Banco Central podría tener repercusiones considerables en el mercado financiero es el que busca homologar el retiro de 10% de fondos desde las cuentas de AFP para los afiliados bajo la modalidad de rentas vitalicias.
La moción, que está siendo discutida en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, tiene los mismos parámetros de montos que el del primer retiro y que el proyecto que busca un segundo. Sin embargo, el traspaso de fondos no sería igual en la modalidad de rentas vitalicias, ya que esta se basa en que los cotizantes al momento de jubilar optan por traspasar la totalidad de sus ahorros previsionales -y su respectivo derecho de propiedad- a una compañía de seguros, por lo tanto, ese dinero no lo tiene la AFP, y eso es precisamente es lo que complejiza su discusión.
"Los pensionados bajo esta modalidad podrán adelantar (de forma voluntaria y por única vez) el pago de sus rentas hasta por el monto equivalente al 10% de los fondos originalmente traspasados desde sus cuentas de capitalización individual a la respectiva compañía de seguros", dice el proyecto.
Distintas voces han salido a criticar esta iniciativa, asegurando que tendría problemas constitucionales, junto con reclamar que, de concretarse, no serían pocas las aseguradoras que quebrarían, además de las respectivas demandas al Estado que esto generaría. "Es un seudo retiro", comentó Solange Bernstein, gerenta de división de política financiera del Banco Central, añadiendo que "la propiedad de los fondos es traspasada, porque se paga un precio que tiene como servicio un flujo de pensión futura".
Asimismo, acotó que las compañías de seguros tienen, en general, instrumentos menos líquidos que las AFP, por lo que tendrían mayores dificultades para entregar los fondos, pero, recalcó Bernstein, más allá de la liquidación, "se estarían alterando contratos suscritos entre privados, entonces se introduciría cierta incerteza jurídica que podría tener ciertos efectos negativos sobre el sistema financiero".
Indicación Jackson
Entre las medidas que contempla el proyecto que busca establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados, el cual fue aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados a mediados de octubre y se encuentra siendo discutido por el Senado, hay un punto que genera inquietud por parte del Banco Central: la denominada "indicación Jackson".
La idea del diputado Giorgio Jackson (RD) es que las entidades financieras paguen la mitad de las primas de los seguros asociados a créditos. Según los críticos de la indicación, con esto las entidades se verían obligadas a subir las tasas de interés para cubrir la parte que les corresponde por el costo de los seguros, por lo que se invalidaría el espíritu de mejores condiciones para los clientes, y de paso, dejaría fuera de juego a personas que estarían evaluando solicitar créditos a tasas bajas, fomentando aún más la desbancarización del país.
"Es un típico ejemplo donde las buenas intenciones no convergen con los resultados finales", sostuvo hace algunos días el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
Suspensión de cobro de créditos
En septiembre la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que suspende el cobro de cuotas de créditos de diverso tipo mientras se prolongue el estado de catástrofe producto de la emergencia sanitaria, medida que también está sujeta a los cuestionamientos del ente rector por su eventual perjuicio al mercado financiero.
La idea es que tanto personas naturales como pymes tengan derecho a solicitar la suspensión del pago de seis cuotas de los créditos "de cualquier naturaleza, suscritos con instituciones con acceso a la Facilidad de Liquidez con Incentivo al Crédito del Banco Central y por el monto otorgado por aquellas".
Eso sí, para solicitar la suspensión del pago, establece la iniciativa, la deuda del crédito no podrá encontrarse en mora con anterioridad al 18 de octubre de 2019.
Suspensión de embargos y lanzamientos
A inicios de agosto la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que suspende la realización de embargos, lanzamientos, subastas públicas, incluso los remates públicos, de forma excepcional, hasta 12 meses transcurridos tras el levantamiento de estado de catástrofe, con un plazo límite hasta diciembre de 2021.
Ese también es una de las iniciativas cuestionadas por el Banco Central, y que desde el sector financiero miran de cerca, ya que, una vez finalizado el estado de catástrofe, habrá un año en que no se podrán ejercer estos mecanismos, por lo que creen que podría haber un problema mayor, principalmente por el incentivo a no pagar que esto podría generar, lo que provocaría un alza en la mora.
Lo que no solo afectaría a las entidades financieras, sino que también podría perjudicar a quienes tengan viviendas en arriendo, o espacios comerciales, ya que, con esta medida, no se podría desalojar a las personas que dejen de pagar mensualidades del arriendo. De todas formas, impulsores de la idea esperan que ese punto sea corregido en el Senado, ya que el fin es que "las instituciones financieras no se aprovechen de esta crisis económica", dijo a La Tercera el diputado Alexis Sepúlveda.
Restricción a la publicación de información de deudas
El último en la lista de Mario Marcel es la iniciativa que pretende prohibir que se comuniquen las obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, hasta 120 días posteriores al levantamiento del estado de catástrofe aún vigente.
En la práctica, esta norma conseguirá, por ejemplo, que boletines comerciales como Dicom, no podrán dar cuenta de deudas que hayan dejado de ser pagadas con posterioridad al 18 de octubre de 2019. La iniciativa está siendo debatida en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
Detractores afirman que esto encarecería los créditos ofrecidos por las entidades financieras, como una forma de resguardarse del riesgo que implicaría no conocer el historial financiero de sus potenciales clientes. De hecho, el ministro de Economía, Lucas Palacios, ha comentado entender el sentido de la propuesta, pero aseguró que "el remedio es peor que la enfermedad" para las personas y pymes que buscan acceder a financiamiento.
Es que, según el secretario de Estado, esto tendría como efecto que existan más barreras y créditos más costosos, y elevaría las probabilidades de que las personas recurran a mercados informales. En todo caso, la iniciativa contempla la opción de renunciar a dicho bloqueo y entregar la información.
