Esta semana el debate del proyecto de ley que rebaja en un 50% el impuesto específico a las gasolinas automotrices y petróleo diésel, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o una calamidad pública, entrará en una etapa clave. Para mañana, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados convocó al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.
Un estudio del académico de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, Alejandro Tirachini, expuesto en la comisión de Hacienda, anticipó los impactos que tendría la rebaja. "La premisa del proyecto es que esta rebaja es una medida de apoyo a familias de menores ingresos y de clase media, pero eso no se sostiene", afirmó.
Advirtió que el menor impuesto "no llegaría completo al consumidor, porque las distribuidoras no están obligadas a traspasarlo al precio". Recordó que la evidencia de Alemania muestra que las distribuidoras se quedaron con parte de la rebaja transitoria del IVA, mejorando sus utilidades. También explicó que quienes más se beneficiarían serían los grupos socioeconómicos de mayores ingresos, que recibirían entre el 21% y 53% de la recaudación que el Estado dejaría de percibir.
Estima que en un año el quintil más rico recibiría por la rebaja unos US$ 413 millones, mientras que los primeros deciles obtendrían US$ 26 millones. Precisó que el decil más rico consume 24 veces más gasolina que el decil más vulnerable y seis veces más que el de ingresos medios. Mencionó que la menor recaudación -estimada en torno a los US$ 1.000 millones por el SII- permitiría financiar 309 mil pensiones básicas solidarias, construir 3,5 hospitales o comprar 2.200 buses eléctricos con su infraestructura de carga.
