Los debates ya culminaron, y el próximo sábado se llevará a cabo la consulta ciudadana para definir cuál de los tres candidatos de Unidad Constituyente será el abanderado de los partidos de centro izquierda para competir en las presidenciales de noviembre.
En dicha consulta participarán Paula Narváez, carta del PS, PPD, Nuevo Trato y el Partido Liberal; Yasna Provoste, de la DC; y Carlos Maldonado, del Partido Radical.
A cuatro días de la definición, los programas de los tres candidatos reflejan la importancia del factor económico y de desarrollo en tiempos de crisis para el país -y el mundo- producto de la pandemia y el cambio climático. Esto, además de poner especial énfasis en la necesidad de una reforma de pensiones, que no ha logrado avances sustantivos en el segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera.
Narváez
En su programa, Narváez realizó algunos compromisos "inmediatos", los cuales llevaría a cabo en su primer año de Gobierno, y otros de más largo aliento, que irían concretándose a durante todo su eventual mandato.
Entre los de corto plazo, se encuentran la "disminución del costo de la vida" para todas las personas, con una reducción en el 50% del costo del transporte, lo mismo para los medicamentes y la reducción a la mitad en la tarifa eléctrica rural para 500 mil familias con Agua Potable Rural (APR).
También promete un "agresivo plan" de infraestructura y obras públicas para crear empleos, "orientado a la transformación productivo, verde y digital", junto con plan de "recuperación urgente del empleo de las mujeres y aumento de su participación".
Asimismo, en su programa la ex ministra plantea un "plan de reactivación e innovación base territorial" para micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, sectores turísticos, gastronomía y el sector cultural.
Por otra parte, entre sus políticas de largo plazo, destacan ideas como que Chile alcance la categoría de
"potencia económica verde", adelantado, por ejemplo. la descarbonización en 10 años, acelerando así la carbono-neutralidad del país al 2040, sumado a un transporte público 100% eléctrico, el fin de las denominadas "zonas de sacrificio", entre otras cosas.
A su vez, asegura que empujará la "creación de empleos de calidad, con sindicatos fuertes y negociación colectiva, además de "capacitación y reconversión de trabajadoras y trabajadores". También impulsaría la "creación de empresas públicas y fin al Estado neoliberal", con entidades como una banca pública para el desarrollo, una Empresa Nacional del Litio, Empresa Nacional de Hidrógeno Verde o una nueva institucionalidad para la administración del agua en el país.
En cuanto a energía y minería, el documento enfatiza la necesidad de avanzar en "energía y minería sin contaminación", proponiendo un cambio en la matriz energética del país y "un royalty minero para recibir los beneficios de nuestros recursos naturales". Otro planteamiento es velar por la justicia en los mercados y el combate de los abusos. "Regulación para desconcentrar el mercado y aumentar la competencia, castigo a los delitos de cuello y corbata, fortalecer la defensa de los consumidores", dice su programa.
Por otra parte, propone la creación de un Ingreso Básico Universal, con "perspectiva de género e infancia", apuntando a "pobreza cero para niños, niñas y adolescentes". Y respecto a pensiones, promete una "reforma integral de las pensiones con igualdad de género y sin discriminación", a través de un "sistema mixto de pensiones solidarias y sin AFPs, con pensión básica universal de un 70% del salario mínimo, resguardando los ahorros de las y los trabajadores"-.
Para financiar estos derechos sociales, apunta a una reforma tributaria con ejes en reducir la evasión, impuestos a los súper ricos, royalty minero e impuestos verdes.
Maldonado
El programa de Maldonado, por su parte, recalca que es "fundamental que Chile vuelva a crecer", resaltando que "para superar la adversidad económica y dar solución a la deuda social, necesitamos volver a impulsar la economía, poniendo el foco preferentemente en nuestro sector exportador, pero con innovación y creatividad, que permita crear empleos de calidad que se proyecten en el tiempo".
"Necesitamos darle un nuevo cariz a Corfo y a Prochile, que permitan promover con mayor decisión y apoyo las iniciativas productivas del Estado y el sector privado", agrega. A la vez que subraya que Chile "tiene el enorme desafío de emparejar la cancha desde la perspectiva tributaria desintegrando el sistema, debiendo ejecutar planes y adoptar medidas que impidan la elusión y evasión de impuestos. Reducir privilegios y exenciones hoy injustificadas, y capturar más recursos financieros provenientes de las actividades extractivas que se sirven de los recursos naturales de todos los chilenos, pero permitir al mismo tiempo que dicho sector de la economía siga siendo atractivo para los inversionistas.
Así, propone un "nuevo pacto tributario", que contemple, como punto de partida, una menor dependencia de los impuestos al consumo y más de los impuestos al patrimonio y rentas de las personas de mayores ingresos, además de la "eliminación de exenciones tributarias que no se justifican y que distorsionan el sistema (...). También combatiremos con energía y nuevas herramientas legales la evasión y la elusión, que, según estimaciones, superaría los 7 puntos del PIB".
De esta forma, plantea la eliminación del IVA sobre productos básicos o que se les devuelva a las personas de los quintiles más bajos el IVA pagado por la adquisición de esos productos. También impulsaría una mayor recaudación a través de mayores impuestos sobre la extracción de recursos no renovables, "mediante tasas variables asociales al precio de tales recursos".
Sobre empleo, propone reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, y mutar de "un salario mínimo simple (monto único) hacia un sistema de salario mínimo complejo (...). El salario mínimo debiera avanzar hacia una diferenciación en base a factores como tamaño y nivel de facturación de la empresa. De todas maneras, el piso, en cualquiera de los dos sistemas (simple o complejo) alcanzará los $500 mil durante nuestro Gobierno", señala el programa de Maldonado.
En tanto, para promover el trabajo para las mujeres propone " expandir fuertemente la oferta de servicios de cuidado públicos, con horario extendido, tanto para niños, personas en situación de discapacidad física o mental, y adultos mayores no autovalentes".
En materia de pensiones, el candidato del PR asegura que presentará un proyecto para reformar el sistema en los primeros 100 días de su eventual Gobierno, afirmando que "no tenemos problema con el ahorro previsional individual, al contrario, lo consideramos imprescindible", ni tampoco "vetamos la administración privada de los fondos, siempre que se una administración transparente, eficiente y realmente competitiva, con buena rentabilidad y bajas comisiones, estrictamente supervisada por el Estado mediante licitaciones y fiscalización de un ente público autónomo y altamente especializado, similar al Banco Central, que también pueda invertir directamente, cuando su consejo directivo así lo determine".
Todo ello, acompañado de un "fuerte aporte estatal para garantizar pensiones dignas". Con todo, el sistema propuesto por Maldonado tendría tres componentes principales: una base universal garantizada por el Estado; ahorro previsional individual más cotizaciones con cargo al empleador, tanto para cuentas individuales como para ahorros colectivo; y un "fuerte aporte estatal" asociado a la cantidad de años trabajados por la persona. "Buscaremos garantizar que hacia el final de nuestro mandato ninguna pensión sea inferior al salario mínimo legal, vigente para personas mayores de 65 años", dice el documento.
Provoste
En tanto, Provoste, pone un especial foco en el empleo. Por ejemplo, para reducir la brecha salarial, propone las empresas públicas y privadas, supervisadas por la CMF, tenga la obligación de reportar medida de dispersión salarial dentro de sus empresas. También apunta a ir aumentando el salario mínimo en el país acorde con la actualización de la línea de la pobreza y el avance de la recuperación de la economía.
Para empujar el trabajo femenino, el programa de la presidenta del Senado pretende fortalecer el subsidio que contempla el bono al trabajo de la mujer, subiendo su monto, ampliando gradualmente la cobertura de beneficiarios hasta el 80% más vulnerable y ampliando su extensión a un máximo de 6 años, continuos o discontinuos. "Adicionalmente, estableceremos un subsidio superior para la contratación de mujeres en sectores productivos tradicionalmente masculinizados".
A su vez, buscaría en un posible gobierno nivelar los costos de contratación entre hombres y mujeres, con medidas como un sistema universal de cuidado infantil, ampliar el permiso por enfermedad grave del hijo menor de un año de manera que ambos padres sean titulares del derecho y aumentar la cobertura del postnatal parental a los padres aumentando el número de días de permiso de uso exclusivo para ellos.
Además, plantea establecer cuotas de género en los directorios de empresas públicas y privadas, supervisadas por la CMF, para que tenga la misma proporción de hombres y mujeres. "Se implementará de forma gradual en un plazo de 3 años", dice el texto.
Por otra parte, Provoste apunta a "aumentar y diversificar" las exportaciones del país, por medio de ideas como la creación de una empresa pública que avance en innovación del riego desalinizado del desierto, impulsar la "Empresa Nacional del Litio", y empujar la creación de una "política industrial de fuentes renovables, especialmente en hidrógeno verde".
En cuanto a la emergencia climática, Provoste propone acelerar la meta de carbono neutralidad al 2040, impulsando una matriz energética 100% renovable al 2035", además de acelerar el cierre de termoeléctricas a carbón, profundizar "los impuestos verdes para la justicia ambiental y climática aumentando el impuesto al carbono e incluir "el pago del impuesto verde a los vehículos comerciales". Asimismo, impulsaría "la agricultura y ganadería sustentable", con "incentivos y buenas prácticas, incluyendo el bienestar animal".
Sobre materia tributaria, la ex ministra sostiene que apuntará a la eliminación de exenciones tributarias injustificadas, como la eliminación de la exención del IVA a las empresas constructoras, establecer que los fondos de inversión privada pasen a ser contribuyentes, la eliminación gradual del régimen de renta presunta o la eliminación del crédito del impuesto específico al diésel para empresas de transporte de carga.
También para aumentar la recaudación plantea ideas como establecer obligaciones de información en relación con los paraísos tributarios y otros regímenes especiales, aprovechando también los acuerdos internacionales para la tributación del capital o la crear la figura del denunciante anónimo tributario. Eso, sumado de cobrar más tributos por la extracción de recursos minerales, lo que "abarcará la revisión del establecimiento de un royalty minero y su aplicación".
En pensiones, propone un "esquema integrado y solidario", que deberá integrar "componentes no contributivos y contributivos, y así avanzar en la creación de nuevos mecanismos solidarios". El esquena no contributivo contempla el otorgamiento de una Pensión Básica Universal que sería al menos equivalente a la línea de la pobreza actual, mientras que contributivo se financiaría con las contribuciones de trabajadores y empleadores, el que mantendría la actual cotización de 10% y se implementaría un aumento gradual con cargo al empleador de entre 6 o 8%. "Las precitadas cotizaciones se destinarán, en la proporción que determine la ley, a un componente de ahorro individual y a un componente de ahorro colectivo".
Por último, se plantea la creación de un sistema de pensiones público, ya que "para el nuevo sistema de seguridad social que impulsaremos se requiere una nueva institucionalidad", señala la candidata. Esta entidad tendrá un "carácter público, que contará con un gobierno corporativo colegiado, altamente calificado, que goce de la debida autonomía institucional, mediante el establecimiento de mecanismos idóneos y objetivos de nombramiento y cesación del cargo, con una duración que esté desacoplada del ciclo político y sujetos a un robusto régimen de transparencia y prevención de conflictos de intereses".
"Impulsaremos medidas que garanticen que, a igual edad y ahorro, hombres y mujeres se jubilen con la misma pensión. También impulsaremos el establecimiento de una compensación previsional que reconozca la contribución no remunerada que realizan las mujeres al interior del hogar en el cuidado de hijos y otros familiares", concluye.
