El Primer Tribunal Ambienta, con sede en Antofagasta, dictó una medida cautelar que prohíbe a la Minera Cerro Colorado -propiedad de la angloaustraliana BHP- continuar extrayendo agua del acuífero Lagunillas.
La determinación, adoptada por los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Juan Opazo y Oscar Clavería, se tomó luego de acoger a trámite una demanda de reparación de daño ambiental en contra de la minera.
La medida cautelar regirá desde el 1 de octubre y tiene como fin impedir los efectos negativos de los actos o conductas sometidas a su conocimiento, y se fundamenta en el fallo que ya fue dictado por el Segundo Tribunal Ambiental el 2019 a través del cual se anuló parcialmente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto "Continuidad Operacional Cerro Colorado", lo que posteriormente fue ratificado por la Corte Suprema.
"Se acoge la solicitud de medida cautelar consistente en la paralización de la extracción de agua subterránea desde el acuífero Lagunillas, desde los Pozos P1, P2, P3 y P4, destinada a la operación de la faena minera Cerro Colorado, por el término de 90 días, con excepción de la extracción de 10 litros por segundo autorizada para la ejecución del Sistema de Riego Artificial (SRA)", dictaminaron los ministros.
A juicio del Primer Tribunal Ambiental, los antecedentes aportados en la demanda, entre los que están informes de la Dirección General de Aguas (DGA), constituyen una "presunción grave" de los hechos denunciados, por lo que "existe la necesidad de impedir que los efectos adversos de la extracción de aguas subterráneas que mantiene la empresa minera sobre el acuífero Lagunillas se sigan manifestando y agudizando".
Asimismo, agregaron que la única acción que "por ahora" permite lograr la protección de la laguna y bofedal es la paralización de la extracción de agua "hasta que la autoridad evaluadora emita un pronunciamiento técnico favorable que entregue seguridad de no afectación de los bienes protegidos".
La acción judicial fue interpuesta por Luis Jara Alarcón, propietario de la Estancia de Cancosa y se basa en el daño ambiental que la empresa habría provocado por la extracción de agua del acuífero de Lagunillas, como el deterioro al sistema Lagunar y al bofedal del mismo nombre del acuífero.
El demandante solicitó al tribunal la detención definitiva de toda la extracción de agua desde el acuífero para la operación de la faena, así como el desmantelamiento de obras asociadas; la elaboración, evaluación e implementación de un proyecto de suministro hídrico artificial al acuífero; y la reposición, reparación y restauración integral de todos los recursos biológicos y demás condiciones abióticas preexistentes en el ecosistema dañado.
El demandante aseguró que el daño ambiental es una consecuencia del actuar "ilegal y culpable" de la compañía por la ausencia de una autorización ambiental para extraer aguas del acuífero.
