Fue a fines de septiembre cuando llegó la primera carta al Coordinador Eléctrico: la empresa María Elena Solar informó que debía abandonar su contrato de suministro y que sus deudas se pagarían con la boleta de garantía de cumplimiento de ese contrato. Pocos días después llegó la segunda, esta vez de Ibereólica Cabo Los Leones II SA. Dos casos de insolvencia que levantaron las alarmas en la industria de energía renovable en Chile.
Si bien se trata de dos empresas pequeñas, por lo que no representa un problema demasiado grave para el sistema, sí constituye un reflejo de bajas rentabilidades en una industria sobre la cual el país tiene grandes apuestas, lo que no envía señales muy alentadoras para inversionistas de energías limpias.
Y así lo entienden las autoridades. De hecho, la
Comisión Nacional de Energía instauró una mesa de trabajo para analizar las causas de la entrada en insolvencia de estas compañías y definir los próximos pasos a seguir en el corto, mediano y largo plazo.
Las dos compañías mencionadas no pueden continuar con los contratos que tenían con las empresas distribuidoras para abastecer a los clientes. Sin embargo, para que no exista un problema en la cadena de pagos del sector, la regulación prevé la existencia de boletas de garantía que ya están en proceso de ejecución y que van a permitir pagar gran parte de las deudas de las empresas.
De todas formas, la situación levanta una serie de interrogantes relacionadas con los problemas que enfrentan las empresas de nergías renovables en Chile, generando dudas de si se trata de un negocio rentable.
Para el director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos (ACENOR A.G.), Javier Bustos, quien es parte de la mesa de trabajo encabezada por la CNE, "las causas de los problemas financieros son múltiples".
"Por una parte, problemas de diferencias de precios, entre el precio del contrato que se adjudicaron y el costo de retirar energía para abastecer dichos contratos. Estas empresas inyectan energía a precios bajos en la zona norte - incluso cero en algunas horas del día cuando hay vertimiento de energía solar o eólica- mientras que están abasteciendo contratos en otras zonas del país, para lo cual retiran a precios más altos en esas zonas".
A eso, agregó que "han debido pagar mayores costos del sistema eléctrico, que incluyen pagos por servicios complementarios, mínimos técnicos, reserva hídrica, impuesto verde, entre otros. Estos cargos sistémicos no son un tema menor, porque aumentaron en 6 veces desde mayo de 2020 a mayo de 2022, pasando de un pago de US$3 por MWh a casi US$18 por MWh".
En tanto, Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA) sostuvo que "más allá de la responsabilidad individual de las empresas que han solicitado suspender sus contratos de suministro, existen otras causas no atribuibles a las empresas, sino que más bien son de origen sistémico, que afectan al segmento de generación y de transmisión en su conjunto.
Por ejemplo, "desacoples de costos marginales en el mercado mayorista, recortes de inyección o vertimientos, largas exposiciones a costos marginales cero, tiempos y complejidades para la obtención de los permisos ambientales y relación con el territorio de proyectos para la transición energética".
"Bajo este escenario de suspensión de los contratos", la representante de ACERA advirtió "riesgos para el proceso de descarbonización, pues se conjugan varias condiciones exógenas y otras endógenas del sistema".
Algo similar opinó Javier Bustos, quien dijo que "hay temas que resolver en el sector si es que queremos avanzar adecuadamente en la transición energética. No basta con establecer metas de descarbonización, sino que hay que tomar medidas para que ello sea factible".
Por ejemplo, "estamos viendo que la generación renovable alejada de los centros de consumo se hace riesgosa en términos financieros por la posibilidad de desacoples de precios de inyección y retiro. Por lo tanto, hay que planificar la transmisión de manera de aprovechar la generación en forma descentralizada y no planificarla pensando que vamos a depender completamente", agregó.
Por su parte, Sebastian Cea, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, dijo que "a nivel nacional pareciera que vemos los resultados de una entrada fuerte de las renovables sin tener en consideración la capacidad de transmisión de la red. Ahí el coordinador tiene un rol en la planificación que quizá se puede mejorar. Más aún, la capacidad de almacenamiento juega un rol clave. Esto último ya se está discutiendo y esperamos que sea un grado de libertad que pueda subsanar la transición energética en la que estamos embarcados".
En relación con las señales que se dan a los inversionistas a raíz de la insolvencia de algunas empresas, afirmó que definitivamente "esto no es un buen indicio, ya que aumentan creencias de que es un sector riesgoso". Sin embargo, "si el regulador es ágil y logra activar políticas con resultados en el corto plazo, las fricciones se pueden mitigar", agregó.
